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Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república; y Julio Scherer, consejero jurídico de presidencia, acudieron al Senado para reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a quienes entregarían las iniciativas para reformar el sistema de procuración de justicia; sin embargo, no se concretó. Según lo informó el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, la presentación se aplazó y será hasta el siguiente mes cuando se realice. Ante esto, Gertz declaró: “Vamos a seguir trabajando para que el día 1 de febrero yo pueda tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes”.

Los proyectos para cambiar una serie de leyes, contiene muchos problemas, internamente el gabinete de seguridad no está de acuerdo con una serie de propuestas, pues nos aclaran abogados que las propuestas contienen regresiones en derecho penal que son calificadas como graves. Lo real es que el sistema penal acusatorio fue un fracaso, como nos lo señala el ex procurador y ex jefe de gobierno Miguel Angel Mancera, pues se puso puerta giratoria a la delincuencia.

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Y nos dicen que gobernadores y diputados del PAN ya preparan una ofensiva en contra de la reforma al sistema judicial que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien Morena cuenta con mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los gobernadores panistas planean hacer presión y aprovechar las divisiones que este tema pueda causar con respecto a la autonomía judicial de cada entidad. Los diputados panistas señalan que es demasiado complicada la discusión por los cambios. Por lo tanto, tienen una buena oportunidad para limitar su aprobación, ya que se requieren 17 de los 32 congresos estatales.

Los senadores de todos los grupos parlamentarios aplauden la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, por sus pares de los Estados Unidos. El legislador por Zacatecas, Ricardo Monreal señala que fue un proceso difícil, lleno de asechanzas, pero logró sortear todos los obstáculos. Y confía en que próximamente hará lo propio Canadá, con lo cual las economías de los tres países -México, Estados Unidos y Canadá- podrán proseguir con la modernización y la dinamización de sus economías y de sus relaciones comerciales.

Primero en su cuenta de Twitter, el legislador externó su alegría por la noticia mañanera al señalar que ahora las tres naciones pueden estimular las inversiones y el empleo para enfilarse al crecimiento.

En todo momento los legisladores “acompañamos y apoyamos a los negociadores mexicanos, quienes, encabezados por el canciller Ebrard y el subsecretario Seade, merecen un gran reconocimiento por haber logrado puntos de acuerdo que beneficien tanto a la región como a nuestro país”.

En un breve repaso, de lo hecho desde el legislativo, Monreal Ávila recordó que desde el inicio el Senado de la República revisó los textos del tratado con responsabilidad y actuó de manera correcta. Reconoció que “todos los grupos políticos representados en los distintos grupos parlamentarios, trabajamos con unidad para sacar adelante un tratado que beneficiará a nuestro país.

El congreso mexicano fue el primero en aprobar el tratado y su protocolo modificatorio, acciones que sirvieron como líneas rojas para evitar que las negociaciones se complicaran más”.

El T-MEC, como todos lo sabemos, vivió momentos difíciles a lo largo de su negociación. Primero la postura proteccionista de la administración del presidente Trump y después el intento por parte del grupo demócrata en el congreso de los Estados Unidos de incluir modificaciones no consensuadas.

En mensaje divulgado a través de sus redes sociales, el presidente de la Jucopo rememoró que, durante todo este periodo de negociación, México actuó con sensatez y responsabilidad, conscientes de la importancia que el acuerdo comercial tiene para los tres países de la región, pero sobre todo protegiendo los intereses y la soberanía de nuestro país.

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El PRD advierte que no avalará ninguna reforma constitucional que presente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia penal y del poder judicial que atente contra los derechos humanos de todos los mexicanos.

Lo anterior, luego de que este miércoles se aplazó la presentación de dichas reformas constitucionales, por lo profundos y complejos que resultan los cambios al sistema de justicia penal en México, que básicamente engloban nueve iniciativas sobre la ampliación del arraigo en todos los delitos, eliminar jueces que se encargan de valorar las detenciones y pruebas, así como la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales.

El dirigente nacional Ángel Ávila Romero aseveró que se mantendrán atentos a este paquete de reformas que presentará la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno Federal el próximo 1 de febrero, pero de antemano dijeron que no acompañarán ninguna reforma que sea regresiva.

Enfatizó que durante muchos años este instituto político ha buscado que el estado mexicano sea respetuoso de los derechos humanos, de la presunción de inocencia y del cumplimiento del debido proceso, ya que son valores fundamentales y derechos universales que no pueden perderse en ninguna circunstancia.

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Nos cuentan que ya con el respaldo de la secretaria Luisa María Alcalde, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que la Cámara Baja legislará en materia de subcontratación en febrero próximo. Nos cuentan que luego que desde Palacio Nacional se congelara el dictamen que había aprobado en el Senado la comisión de Napoleón Gómez Urrutia, ya se llegó a un acuerdo para que la legislación laboral en materia de outsourcing solo se actualice con base en el T-MEC, y que también tome en cuenta la postura de los empresarios.

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El paso del Seguro Popular al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) es para la #4Transformación un rotundo fracaso que pone en vilo la vida de miles de afiliados. La incertidumbre por la falta de reglas de operación es la constante que rige un sistema del que dependen más de 60 millones de personas. No acaba de nacer y agoniza.

Está claro que no vamos hacia un modelo similar al que tienen países como Dinamarca y Canadá, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. No estamos, en este rubro, mejor que como estábamos antes y eso es grave porque refleja un desprecio hacia los más vulnerables.

En las prisas por agradar al inquilino de Palacio Nacional, nuestros legisladores y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, experto en zonas arqueológicas, no planearon la transición, ni realizaron un diagnóstico certero y objetivo para la transferencia de responsabilidades y la nueva reglamentación.

A la #4T, se le hizo bolas el engrudo en el cambio. La mudanza del viejo sistema de salud al Seguro Popular tardó cuatro años y en este caso intentaron hacerlo en 60 días. ¡Ups!

La urgencia sujeta al prejuicio de desaparecer al Seguro Popular, que nació en 2003, coloca el derecho a la salud en el limbo político. Desapareció el catálogo y los mecanismos de financiamiento para los niveles de atención de primero, segundo y tercer nivel.

Salomón Chertorivski, ex secretario de salud, afirma que los 93 mil millones de pesos que había hasta diciembre de 2018 del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, que garantizaba por dos décadas la atención para los afiliados del tercer nivel (enfermedades crónico-degenerativas) se desvió a otros programas.

Con la reforma al Sistema General de Salud, al Insabi le tocaron 40 mil millones de pesos para su arranque. Israel Rivas, padre de Dana, niña con cáncer, dice que ignoraron la opinión de médicos, enfermeros y pacientes; afirma: “manipularon el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con una perversidad nazista”.

ubaldodiazmartin@hotmail.com
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