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Las pedreras en Nuevo León han sido el blanco preferido del gobernador Samuel García desde que estaba en campaña. En todo momento las ha señalado como las principales causantes de la mala calidad del aire en un estado que vio cómo en 2021 cómo se rompió récord como el año con más contaminación.  

Sin minimizar el problema pareciera que el máximo problema de Nuevo León es la contaminación, y no la inseguridad ó la falta de agua que aqueja el estado a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la negativa al Plan Monterrey VI, que pretende llevar agua del río Pánuco en la zona sur de Tamaulipas hacia la zona conurbada.  

Al gobernador emanado de Movimiento Ciudadano se le ve cada vez más empecinado con satanizar a una industria que genera 150 mil empleos directos y que es relevante para la industria de la construcción.  

No es un tema nuevo ya que en dicha demarcación opera una de las normativas más estrictas para regular ese tipo de plantas y para lo cual las empresas agremiadas a la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León (ASEC), que preside Hugo García Villareal, han invertido más de 600 millones de esos en los últimos 5 años. 

Desde el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, los empresarios advertían de los riesgos que se tendría si la urbanización continuaba extendiéndose a los cerros donde yacen las principales pedreras, no obstante que se cuenta con 2 kilómetros de amortiguación a la redonda a fin de evitar daños a la población.    

En ese tenor llama la atención que no se voltee a ver a otras industrias que tienen su granito de responsabilidad como la refinería de Pemex, en Cadereyta ó la siderúrgica “Ternium”, que en más de una ocasión ha despertado alarmas de especialistas debido a sus procesos de fundición y emisión de contaminantes.

Así, las pedreras comulgan con la política verde del gobernador García que han respaldado en más de una ocasión.  

La ruta del dinero

Luego de 21 días fuera operaciones, por una simple denuncia anónima, las autoridades de Semar liberaron todos los permisos a la compañía de ferris Transcaribe, tras haber verificado el buen estado de las embarcaciones que ofrecen el servicio de carga entre litorales de Quintana Roo. La intervención de la Unidad de Capitanías y Asuntos Marítimos (Unicapam) de Semar que dirige el vicealmirante Ubaldo Gómez Rodríguez, fue fundamental en el desahogo de evidencias  que incluyeron los sistemas de navegación, así como mecánicos. Es un hecho también que la Unicapam deberá verificar los criterios de las Capitanías de Puerto, para aceptar denuncias anónimas no verificadas, ya que puede prestarse al engaño con fines de evitar la competencia. Y es que mientras Transcaribe salió de operaciones su competidor Naviera Ultramar, relacionada con políticos priistas, aprovechó para encarecer el transporte de materias primas y alimentos en litorales del estado. De ahí la importancia de Transcaribe para generar costos competitivos en una región con fuertes necesidades de abasto, y donde Naviera Ultramar ha sido castigada por abusos, prácticas desleales y monopólicas por la COFECE, amén que mantiene prácticas indebidas en muchas áreas desde hace 20 años.