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Con fecha 14 de julio de 2022 se promovió amparo indirecto en contra de los actos de la gobernadora del estado de Campeche y otras personas de su gabinete a fin de que dejaran de infamarme a través de la publicación de audios ilegales editados y tergiversados que me atribuye y dejara de realizar manifestaciones denostativas e infamantes en mi contra, comenta Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

El martes 19 de julio de 2022 el Juez Primero de Distrito con sede en Nuevo León determinó procedente la suspensión de oficio y de plano, para que la gobernadora del estado de Campeche se abstuviera de difundir los audios ilegales, así como de realizar cualquier tipo de manifestación denostativas en mi contra ya que viola mis derechos humanos, y le dio un término de 24 horas para que eliminara de sus redes sociales todo el material audiovisual y/o cualquier otro, incluyendo sus manifestaciones con las que me provoco deshonra y descrédito a mi persona, destacando que dicha suspensión surtió plenos efectos desde el momento en que se dictó.

Sin perjuicio de lo anterior, el Juez Primero de Distrito con sede en Nuevo León se auxilió del actuario adscrito a los Juzgados de Distrito en Campeche a efecto de que procediera a notificar personalmente a la gobernadora del estado de Campeche, sin embargo, tal diligencia fue obstaculizada por servidores públicos de la oficina de la gobernadora con el propósito de obstruir el mandato judicial federal.

No obstante, el Juez Primero de Distrito con sede en Nuevo León había llevado a cabo una notificación a las autoridades responsables de forma electrónica, por lo que, la gobernadora no puede alegar desconocimiento de la suspensión de amparo, aunado a que dicha suspensión se constituyó como un hecho notorio y evidente ante la publicidad que tuvo en medios de comunicación y en las redes sociales.

En un frontal y desafiante acto de menosprecio al Poder Judicial de la Federación incumplió de manera deliberada la suspensión que le fue ordenada por el Juez Primero de Distrito en Nuevo León, ya que, de nueva cuenta al transmitir su programa denominado “Martes de Jaguar”, difundió otro audio ilegal, editado que me atribuye para hacer creer a la gente que me expreso de manera despectiva hacia distintos sectores, y de esa manera provocar un brutal discurso de odio hacia mi persona, con lo cual me volvió a infamar y a causar deshonra y descrédito a mi persona, cuando que, ya existía un mandamiento judicial federal que de forma expresa le impedía realizar tales actos inconstitucionales.

Procede denunciarla penalmente, por el delito de desacato, así como a los servidores públicos que obstruyeron el ejercicio de la justicia, ya que, la Ley de Amparo en su articulo 262 es puntual en señalar que al que incumpla una suspensión de amparo, se le debe imponer una pena de cárcel de hasta por 9 años, así como destitución de su cargo y una inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.  Layda Sansores se niega a cumplir la orden del juez, lo reta para que se atreva a detenerla. ¿Todo mundo se pregunta el poder judicial hará el ridículo?

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La diputada federal priista Paloma Sánchez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para exhortar a los gobiernos del estado de Sinaloa y del municipio de Mazatlán a realizar acciones urgentes encaminadas a resolver el problema de las desapariciones, mediante el fortalecimiento de la participación operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda y la instrumentación de medidas preventivas que respondan a las exigencias de los colectivos y familiares de las víctimas.

La diputada expuso que en Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, permanecen desaparecidas 5 mil 531 personas y que el estado es el segundo con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas en toda la historia de México, con 1,750.

En tanto, informó la diputada Paloma Sánchez, en Mazatlán se tiene un registro histórico de 1,202 personas desaparecidas, lo que hace del municipio el destino turístico con más desapariciones en todo el país. Asimismo, agregó que la crisis es evidente, pues sólo en los últimos cuatro años han desaparecido 550 personas en la ciudad.

Frente a esa situación, argumentó la legisladora federal del PRI, Sinaloa todavía no cuenta con un plan integral de búsqueda e identificación ni un trabajo coordinado entre las instancias que deben garantizar los derechos de las víctimas.

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los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron que no temen a la ira de Morena y satélites.

Esto porque, por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior del TEPJF confirmó la decisión del INE de prohibir a Morena y servidores públicos miembros de este partido realizar y/o participar en asambleas como la del pasado 26 de junio, en Coahuila, por considerar “que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior confirmó las medidas cautelares por lo que hace a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena; Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales del mismo partido oficial; Aleida Alavez Ruíz, diputada federal; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, y Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, quienes participaron de forma activa en el evento motivo de la queja presentada por el PRD.

La queja del PRD se debió a presuntos actos anticipados de campaña de quienes son señalados como aspirantes a la contienda presidencial de 2024, así como de las elecciones locales en 2023 en Coahuila y en el Estado de México.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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