A 3 semanas de la detención infundada de José Manuel del Río Virgen en Veracruz, la cloaca de violaciones a los Derechos Humanos y la fabricación de delitos contra opositores políticos o simples ciudadanos quienes son impunemente extorsionados por las policías, fluye sin freno.
Integrada la Comisión pluripartidista Especial para la Investigación de esos delitos en aquel estado, su presidente, Dante Delgado, no deja de recibir reportes y expedientes de estas violaciones.
Van ya más de 50 debidamente soportados.
Al calificar como preocupante el fracaso de Morena en materia de seguridad, el coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que las atrocidades cometidas en México van en aumento y exhiben el abandono del Gobierno en su combate y prevención.
El senador por Veracruz sostuvo que, de acuerdo con la Organización Causa en Común, de enero a octubre del año pasado hubo 4 mil 527 actos definidos como atrocidades, es decir, masacres, mutilaciones, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, asesinatos de niñas, niños y adolescentes, así como homicidios de periodistas o políticos, entre otros crímenes.
“Día a día vemos cómo la violencia avanza sin que el Gobierno federal sea capaz de poner un freno y mucho menos de revertir la tendencia”, alertó.
Hizo énfasis en que estados como Zacatecas, Michoacán, Morelos y Veracruz, por ejemplo, se han dado en las últimas fechas casos de extrema violencia vinculados con el crimen organizado.
Lamentó que su estado, Veracruz, es primer lugar nacional en asesinato de mujeres con crueldad extrema, el primer lugar en homicidios de actores políticos, segundo lugar en casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y el quinto lugar en fosas clandestinas.
“En los últimos días se han dado a conocer hechos terribles en mi estado: 9 cuerpos encontrados sobre la carretera Isla- Santiago Tuxtla, 4 cuerpos más en Emiliano Zapata, uno en San Rafael y otro más en Nautla. Todos ellos con señales de tortura y con narco mensajes”, enlistó.
El fracaso de Morena en materia de seguridad es muy preocupante, insistió, al tiempo que subrayó que no se ha podido, o no se ha querido, poner un alto a las bandas del crimen organizado.
A pesar de que el 28 de mayo de 2021 venció el plazo establecido por la ley para que los integrantes de la Guardia Nacional contaran con el Certificado Único Policial, hasta noviembre del año pasado solo el 20.9% contaba con dicha certificación, señala una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “La certificación policial de los integrantes de la Guardia Nacional” elaborado porJuan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, explica que la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el centro de control de confianza correspondiente para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
Asimismo, señala que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la certificación tiene por objeto reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que repercutan en las funciones policiales y verificar el uso de sustancias y la conducta de los elementos, además de que estipula que las corporaciones policiales solo pueden contratar al personal que cuente con la certificación policial.
El estudio del IBD refiere que el artículo cuarto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional publicada el 27 de mayo de 2019, estableció que en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, “los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes hayan sido asignados para la conformación del cuerpo policial, a efecto de contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución”, lo cual se cumplió el 28 de mayo de 2021.
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El elevado nivel inflacionario registrado en el 2021 requiere la implementación de medidas responsables y solidarias para prevenir esta tendencia en el año que inicia, señaló la diputada federal, Blanca Alcalá Ruiz, quien exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Banco de México, aplicar medidas urgentes que permitan reducir el efecto de la inflación durante el 2022.
Precisó que el presente año inició con un aumento generalizado en los precios de diversos bienes y servicios, que incluyen productos de la canasta básica, sumado, apuntó, a un crecimiento exponencial de infecciones por Covid-19, provocado por la variante Ómicron.
La legisladora priista indicó que este escenario solo vislumbra una de las peores denominadas “cuestas de enero”, consecuencia de una política económica y fiscal errática, que ha quedado evidenciada, subrayó, con el nivel inflacionario más alto de los últimos 21 años, al registrar durante noviembre del 2021 una inflación anualizada de 7.37 por ciento.
Expuso que este proceso inflacionario ha contribuido a deteriorar el poder adquisitivo de las familias y ha generado una mayor pobreza laboral, aun con los incrementos al salario mínimo. A lo anterior, anotó, se suma el incremento de 7.3 por ciento en el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), que provocará un aumento al precio de las gasolinas, bebidas saborizadas, refrescos, entre otros productos.
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