Incertidumbre sobre el futuro de la refinería de Dos Bocas
Ante la incertidumbre sobre el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, comunidades de los pueblos originarios, como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiimbal y el Centro Comunitario Kuuchil K Chibalom, critican que se les consulte lo que ya ha sido decidido, pero demandan que si ya se autorizó el MIA se dé marcha atrás y si no es así, que no se autorice.
De esta manera, cada vez se complica más la realización de los dos proyectos, ante una corriente de opinión pública crítica y la imposibilidad de que el Tren Maya y Dos Bocas en realidad no contaminen.
México es uno de los países que sufre en mayor medida las consecuencias de una importante problemática ambiental y de cambio climático. Tan sólo en el sureste hay cerca de 70 especies en peligro de extinción, debido a la tala inmoderada y la contaminación de mantos acuíferos.
Acorde al ritmo de deforestación a nivel mundial, nuestro país ocupa la quinta posición, perdiendo unas 500.000 hectáreas de selvas y bosques cada año a consecuencia de la construcción de viviendas, núcleos urbanos, fábricas e industrias o zonas de cultivo, de acuerdo al portal Ecología Verde.
De ahí la importancia de que proyectos como la construcción de la refinería de Dos Bocas y el del Tren Maya, procuren evitar no sólo el daño humano, sino considerar que hay especies animales y vegetales amenazadas como son el ajolote, la guacamaya roja, el ocelote, el jaguar, el lobo mexicano, el tapir, la tortuga blanca y el armadillo de cola desnuda, entre otras, las cuales corren el riesgo de extinguirse, por la deforestación y la contaminación de los mantos acuíferos.
En México, la contaminación del agua no se debe únicamente a las grandes industrias fábricas, sino que, el sistema de drenaje domiciliario también finaliza en ríos, lagos y playas.
Las consecuencias más evidentes son la destrucción de ecosistemas acuáticos, arrecifes, manglares y humedales, la pérdida de la calidad del agua y los daños en la salud de especies animales y seres humanos.
El Congreso de Baja California entregó al gobierno estatal, encabezado por Francisco «Kiko» Vega, el dictamen de la llamada «ley Bonilla» para ampliar el mandato del próximo gobernador Jaime Bonilla.
Por cierto, que el domingo pasado se llevó a cabo una consulta ciudadana para decidir si se ampliaba de 2 a 5 años o no, el nuevo gobierno de Bonilla, quien originalmente fue electo solo para un par de años, más del 84% de los participantes votaron a favor del sí.
Previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no corresponde al Ejecutivo Federal resolver el tema de la consulta en Baja California. En ese sentido, se pronunció porque se publicara la ley Bonilla, a fin de que pueda ser impugnada, y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva el caso en definitiva.
«La reforma aún no se publica, y no se ha hecho porque dijeron que no la encontraban: ‘son chicanadas… Hay un procedimiento legal, primero tiene que publicarse la ley que aprobó el congreso de Baja California… se debe publicar la ley porque no se ha publicado».
Ayer la Secretaría de Gobierno de Baja California la revisión de la ley Bonilla que amplía el mandato de gobierno a Jaime Bonilla de 2 a 5 años y tras este análisis, se perfila que este viernes se publique en el periódico oficial, lo que daría paso a que se pueda impugnar. Ayer ya empezó el trámite, mismo que será impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que las reformas en materia fiscal, que discutirán este martes en la Cámara de Diputados, dejarán en la incertidumbre a contribuyentes cumplidos, por lo que interpondrán un juicio de amparo.
«Esta reforma será cuestionada sobre posible inconstitucionalidad al pretender que la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada se consideran delitos que atentan contra la seguridad nacional, cosa que no lo compartimos… Solo nos queda cuestionar esta iniciativa desde la perspectiva constitucional, promoviendo el juicio de amparo por las consideraciones que hemos venido insistiendo», dijo Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex).
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