En las últimas semanas los desencuentros del gobierno con la iniciativa privada han venido en aumento, lo que no es bueno para la economía.
Se pensaría que ante una recesión de proporciones históricas deberían darse un ambiente para invertir, pero no es así.
Una perla japonesa se acaba de dar en la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, quien parece tener oídos sordos sobre abrir mesas de trabajo a Parlamento Abierto para analizar el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, que el titular de la Dirección de Normas, Alfonso Guati, impulsa con toda celeridad y hermetismo entre Senadores.
Y es que, a pesar de que existe un riesgo en la seguridad de la población, la calidad de miles de productos y hasta del medio ambiente, además de la permanencia de cientos de empresas mexicanas que operan este sector a través de la actual Ley Federal Metrología y Normalización, a Economía parece no importarle con tal de quedar bien con organismos extranjeros.
Así, el 15 de mayo venció el plazo para recibir toda queja y sugerencia acerca del proyecto, y diversos organismos como la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación en Auditoría Ambiental; la Asociación Mexicana de Metrología; y la Asociación de Unidades de Verificación de Instalaciones Electrónicas (UVIESAC), enviaron enérgicas misivas al escritorio de Alejandro Armenta, encargado de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, en donde está dicha iniciativa.
La petición, no difiere mucho de lo ya antes solicitado por la CONCAMIN, de Francisco Cervantes; el CNA, de Bosco de la Vega; y la CANAME, de Hugo Gómez, entre otros organismos empresariales, que básicamente imploran por ser escuchados y tomados en cuenta en una ley que, pareciera, tiene como fin beneficiar a otras empresas que sustituirían a lo que hasta ahora han hecho entidades que ya cuentan con las acreditaciones nacionales e internacionales para efectuar el trabajo de manera profesional.
Asimismo, hacen notar que, a través de la actual normatividad, se ha tenido un crecimiento de más del 500%, pues ya son más de 6 mil Pymes que trabajan en favor de la salud, seguridad, en la protección al consumidor, en el cuidado al ambiente y a las vías generales de comunicación a través de la verificación, prueba y certificación de las NOM’s, además de ser generadores de más de 180 mil fuentes de empleos directos y 550 mil indirectos. Veremos en qué acaba.
La ruta del dinero
El subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga Fernández dialogó con los cuatro líderes sindicales más importantes del sector para definir la operación segura de las minas con el inicio de junio. El poder de convocatoria del funcionario es evidente y cuenta con el aval del IMSS de Zoé Robledo Aburto. Mediante videoconferencia, en la encerrona virtual estuvieron Javier Villarreal Gámez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica CTM; Carlos Pavón Campos, dirigente del Sindicato Nacional Minero-Metalúrgico Frente; Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma Nacional de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), e Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero. La idea es que los trabajadores laboren de manera segura, ahora desde lo sanitario.