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Empresarios del sector de la publicidad exterior nos hacen ver que algunas malas prácticas utilizadas en administraciones pasadas se mantienen en la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que dirige Carlos Alberto Ulloa.

Concretamente en la dirección de Desarrollo Urbano, que está a cargo de Inti Muñoz, se han dedicado a intimidar a marcas y empresas que utilizan la publicidad exterior como medio de difusión, con correos electrónicos, mensajes por redes sociales y documentos sin número de oficio, carentes de toda validez oficial, que son enviados por su colaboradora Andrea Alvear Aceves, en donde se les solicita el retiro de su publicidad, con el argumente de que es ilegal.

Lo delicado del tema es que en la constitución de la CDMX establece en su artículo 53 apartado B, como atribución exclusiva de las alcaldías todo lo relacionado con anuncios, sin distinguir entre vías primarias y secundarias.

No obstante lo anterior, Muñoz ha insistido en dichas prácticas completamente ilegales, como si tuviera algún interés personal y asegurando a los anunciantes que la SEDUVI tiene el “monopolio” en todo lo que se refiere a la regulación de este medio de publicidad.

Inti Muñoz viene del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en donde fue titular del fideicomiso del Centro Histórico, su nombre sonó en varios medios luego de la fallida restauración de la escultura “El Caballito”, en donde contrató a una empresa que causó severos daños a la escultura, y por lo cual fue acreedor a sanciones administrativas.

La ruta del dinero

Nada que documentos oficiales e información proporcionada por mineros sobrevivientes al accidente ocurrido el 4 de junio en una mina de carbón en el municipio de Múzquiz, Coahuila, prueban que el carbón extraído de la cueva siniestrada era enviado por la empresa Carkim Industrial a las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Nava, para cumplir el contrato adjudicado por esa empresa productiva del Estado el 20 de agosto de 2020. Este hecho lo ha pretendido negar Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, a quien se responsabiliza directamente de impulsar la extracción de carbón a través de cuevas y pozos rudimentarios, que no cumplen con la normatividad básica y presentan una suma de riesgos que llevan a siniestros como la inundación ocurrida en la localidad de Rancherías, del municipio de Múzquiz, que causó la muerte de siete mineros. De acuerdo con los testimonios recabados entre trabajadores, otros empresarios y documentos oficiales del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, las seis cuevas de arrastre existentes en la zona conocida como el Menor, aledañas a rancherías, eran operadas indistintamente o en conjunto por las empresas Rodamientos y Equipos de Sabinas, Micaran y Carkim Industrial. Para la inscripción de estas empresas relacionadas entre sí, se utilizaron prestanombres, de acuerdo con mineros sobrevivientes, quienes identifican como responsables directos a Eduardo Rubén Morales Martínez, quien está registrado como gerente general de Carkim, y a Gerardo Nájera, dueño de la firma Micaran, propietaria de la mina siniestrada, quienes violando la ley destinaban a una u otra operación a los obreros, sin importar su adscripción formal.

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