Escrita con elegancia y amabilidad, pero directa y clara, llegó a este columnista una carta del vocero institucional de Cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández, que reclama la falta de objetividad y equilibro en lo aquí escrito bajo el título “Cruz Azul, La Cuenta Final” en torno a los planes que estaría haciendo el grupo disidente de esa organización para tomar nuevamente el control de la firma; en aras de la objetividad y del derecho de réplica, aquí les presento la postura de la dirección encabezada por Guillermo Álvarez.
Señala el vocero que la actual dirección ha sido avalada y ratificada por mayoría absoluta de los socios cooperativistas en activo representados en la Asamblea General (con el 85% que se registra en eventos públicos y medios de comunicación), por lo que el grupo encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez carecen de la representatividad aquí mencionada, además de que ambas personas están suspendidos y separados de sus funciones por el Juzgado 24 y por la Sala 7 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (octubre de 2018 y julio de 2019) dada la presunción de fraude por más de 500 millones de pesos sustraídos de la tesorería de Cruz Azul y deberán responder de dicha acusación
Por ello, consideran impensable que hayan instituciones financieras que apoyen a Marín y Velázquez a tomar posiciones directivas -no tiene acceso por orden judicial a los activos de la cooperativa- mientras La Cruz Azul cuenta con líneas de crédito arriba de 400 millones de dólares y ejecuta inversiones por más de 350 millones de dólares en sus plantas… por lo que habría una intervención grave e ilegítima de aquella institución que quisiera fondear a los disidentes como aquí se comentó.
También rechaza que haya algún expediente o investigación de la UIF contra Guillermo Álvarez y de la cooperativa, debido a la transparencia con se conducen a la autoridad y que pedirían pruebas de lo aquí escrito pues la especulación provocada afecta la imagen moral del organismo y sus directivos. Y finalmente rechaza que haya algún influyentismo por parte del gobierno federal, dado el respeto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la vida institucional de las empresas.
Así las cosas.
¿Catecismos Semarnat?
En lugar de impartir talleres científicos, sociales y técnicos correspondientes a su funcionamiento institucional, en la secretaría a cargo de Víctor Manuel Toledo se imparten cursos ideológicos como el de “Retos del Modelo Extractivo Minero a la 4T” donde se expone -en presentaciones de la cuales este columnista tiene capturas de pantalla- la necesidad de “construir cambios a la política extractiva neoliberal fortaleciendo la capacidad y ejercicio institucional y la alianza con las comunidades”. También se indica que “el modelo extractivo de la gran minería es veta depredadora del capital trasnacional y trasnacionalizado” dada la corrupción que imperó en la Semarnat por lo que ahora se requieren cambios profundos “políticos, jurídicos y éticos (para) servirle al pueblo, no al dinero”. ¿Qué implicación tiene esto para los planes de inversión que anunciará el coordinador de gabinete económico, Alfonso Romo?
El senador patalea
En un intento por frenar la normalización del esquema de subcontratación laboral que pretendía monopolizar, el senador Napoleón Gómez Urrutia desató la semana pasada una andanada mediática contra los integrantes de la cámara alta, incluyendo contra Ricardo Monreal, a fin de sabotear la reunión que ayer se realizó entre legisladores expertos para modificar la Ley Federal del Trabajo para dar paso a un outsurcing que garantice los derechos laborales con la promoción a la inversión. Hay que saber perder.
@mflorearellano