DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO,
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL:
+Yo menor no digo nada, pero…
Anónimo
CIUDAD DE MÉXICO.- Era esperable que, en su afán transformador, el presidente López Obrador y su sus diputados federales se fueran a fondo en el tema de los órganos autónomos, la utopía de los ciudadanos, las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía del senador Monreal.
El sexenio de Enrique Peña Nieto no profundizó en el debate al respecto; sus reformas estructurales sobre la autonomía del IFT y la COFECE no tuvieron ni la discusión ni los consensos suficientespara dotarlas de plena legitimidad y viabilidad mediante un análisis profundo sobre la validez o el desgaste de los órganos autónomos, si seguían siendo válidos o se habían desgastado para quedar en un cliché que entronizaba a los ciudadanos y satanizaba a los gobiernos.
Muchos desconfiamos de la utopía de los ciudadanos como fuente de pureza y legitimidad porque todos, en tanto actores sociales determinados por nuestra propia circunstancia, estamos expuestos a múltiples relaciones que nos condicionan y nos determinan. La autonomía constitucional también amerita una revisión a fondo para hacerla funcional a las nuevas necesidades de la economía y de la sociedad. Autonomía no necesariamente es neutralidad u objetividad; autonomía del gobierno y respaldo del Estado no necesariamente implican órganos autónomos fuertes porque, más allá de la teoría política, el Estado no siempre es ágil y actuante, mientras que los gobiernos y los poderes fácticos sí lo son y pueden capturar, como lo han hecho, a órganos como el IFT y la COFECE.
En el caso del IFT, por más autonomía que ha tenido, sus funcionarios nunca han controlado a concesionarios de medios de comunicación, entre otros rubros que mantienen sus condiciones preponderantes. La COFECE, por el estilo, difícilmente ha incidido en la competencia económica a juzgar por la imparable acumulación y concentración de riqueza, mercados y privilegios.
En cuanto a los “consejeros ciudadanos” que gobiernan los órganos autónomos, pronto el problema de su designación se resolvió, desafortunadamente, a través de las cuotas y las complicidades, de manera que la independencia y neutralidad de los consejeros se subordinó a los intereses de los partidos políticos, los poderes fácticos involucrados y los proyectos que en la materia se impulsaban desde el gobierno.
Por eso, la iniciativa de desaparecer al IFT, la COFECE y la CRE, debe debatirse y documentarse a fondo. De entrada, hay que dudar del argumento de la austeridad para fusionar a los órganos reguladores en un solo instituto, porque la función reguladora del Estado es estratégica y no se debería regatear en ello. Lo que sí debe examinarse exhaustivamente es la viabilidad del modelo de autonomías constitucionales y la presunta honestidad de los ciudadanos.., porque los consejeros ciudadanos se volvieron una casta que, basada en los más duros principios de la tecnocracia, desvirtuaron la idea del ciudadano imparcial promedio para abrir una estrecha puerta de entrada basada en conocimientos ultraespecializados, de forma que en el afán de consolidar un club privado, buscaron alianzascon los partidos políticos y los poderes fácticos. Incluso se volvieron supuestos omniscientes como Jacqueline Peschard, quien permaneció décadas en el IFE, el IFAI, el Sistema Nacional Anticorrupción, etc.
El problema de regular mercados, servicios y sectores debe resolverse ya, de manera inmediata, eficiente y democrática si queremos garantizar el mejor uso de los bienes públicos –espectro radioeléctrico, minas, agua, aire, vías terrestres y cuantos más-. El objetivo fundamental de la regulación debe enfocarse en el correcto funcionamiento de la economía, la competencia funcional que optimice y democratice los mercados y persiga la concentración abrumadora.
En la actual coyuntura, es bienvenida la revisión de la doctrina de los órganos autónomosy la ciudadanización, sin que las inercias de la disputa político-ideológica lleve las decisiones al otro extremo y se caiga en la tentación de entregar todos los hilos de la regulación y el arbitraje al Ejecutivo; o peor aún, a una oscura oficina de una no menos oscura secretaría. La puerta está abierta; ojalá que lo único preponderante sea la imaginación política y la inclusión democrática.
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