Dada la importancia que tiene la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR), utilizada por los cuerpos de seguridad y protección civil del Estado Mexicano, llámese la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; la Secretaría de la Defensa, de Luis Cresencio Sandoval; la Marina, de José Rafael Ojeda Durán; así como las policías Estatales y hasta municipales para salvaguardar la seguridad de los mexicanos, esta debe ser actualizada para garantizar su efectiva interoperabilidad entre las entidades de los tres niveles de gobierno.
Fue en 2017 cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó al Secretariado Ejecutivo para que, en coordinación con la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, realizara un diagnóstico de la RNR; mismo que estuvo a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ya al mando de Mario Alberto Rodríguez Casas, dada su experiencia y neutralidad en el tema.
Actualmente, la RNR, operada bajo la tecnología de protocolo abierto Tetrapol de Airbus, que dirige Fred Gallart, y es la base que interconecta a través de 110 mil terminales a casi 200 mil elementos de las fuerzas federales distribuidos en los 32 estados del país. Este sistema consta de 37 redes operativas, 32 estatales y 5 federales, con un total de 481 sitios de repetición.
También es la base de las comunicaciones seguras de la Guardia Nacional, apuesta de la 4T para el tema de la seguridad, con la capacidad de dar servicio a todos sus elementos, hasta alcanzar los 150 mil proyectados para este sexenio; mientras que, en cuanto a cobertura de territorio alcanza el 100% de las capitales del país, hasta el 85% de la población y el 75% de las carreteras.
Así, el IPN concluyó en su estudio que la RNR debe continuar su modernización al protocolo IP, al tiempo de recomendar que, la ruta más económica a la actualización es la misma plataforma Tetrapol. Hablaríamos de 1,393 millones de pesos, que resultarían seis veces menor que invertir en una red nueva, sobre todo, porque la interconectividad con otras tecnologías alternas instaladas en diversas entidades estaría garantizada, por lo que sería innecesario e ilógico migrar a una “nueva” red de banda angosta.
La ruta del dinero
Nada que después de una serie de cuestionamientos quedó validada la legalidad y transparencia de la licitación pública para arrendar equipos de laboratorio para los centros de acopio de la red de Segalmex-Liconsa de Ignacio Ovalle Fernández, para la captación de leche fresca, teniendo como testigo social a Cynthia Valeria Sotelo. La licitación pública No. LA-008VST977-E62-2020 fue ganada por Grupo Turbofin que obtuvo la mayor puntuación, tanto en la oferta técnica como en la económica. El concurso pasó la prueba del ácido al verificarse que no hubo favoritismo, y entre sus logros anote que llevará el precio de garantía de la leche y apuesta por la autosuficiencia en la producción y distribución de un producto básico para cerca de 6 millones de personas de escasos recursos, amén de generar un círculo virtuoso entre consumidores y pequeños ganaderos en 26 estados del país.