Mineras, por mejor trato fiscal
Las empresas mineras trabajan para obtener una carga fiscal más adecuada en 2020 y los años subsecuentes.
Entre los principales cambios que plantean las empresas de ese sector destaca: la deducción del 100% de los gastos de exploración en el año en que se erogan, como se hace en todos los países mineros.
Las gestiones con la secretaría de Hacienda que comanda Arturo Herrera Gutiérrez las llevan Fernando Alanís Ortega y Karen Flores Arredondo, presidente y directora de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), respectivamente.
La idea de la CAMIMEX es mejorar la competitividad de una actividad de alto potencial en el país que ha sido imán para nuevas inversiones.
En el corto plazo los afiliados a esa cámara han proyectado una inversión en exploración por 585 millones de pesos, por lo cual puede vislumbrarse el ahorro que obtendrían las firmas mineras si alcanzan ese objetivo.
Las mineras son además uno de los mayores contribuyentes ya que el pago de impuestos y derechos alcanza casi 47 mil millones de pesos al año, con lo cual se buscaría incrementar de paso sus aportaciones al fisco a partir de incrementar sus unidades productivas. .
Se sabe que las mineras buscan concretar con los poderes legislativo y ejecutivo firmas de pactos de estabilidad fiscal que den certidumbre a los inversionistas al congelar las contribuciones a 15 o 20 años, como se hace en Perú, Chile y Argentina, además de obtener una rápida devolución del IVA para fortalecer la situación financiera de las empresas.
La ruta del dinero
Urge que las autoridades pertinentes investiguen cómo se llevará a buen término el funcionamiento del Fondo de Protección de Pagos en el Instituto Fonacot, sobre todo ante la ausencia de respuestas viables por parte de Alberto Ortiz Bolaños y sobre todo a que cada vez salen a la luz más detalles que ponen en duda su conocimiento en la materia. Se lo digo porque durante el proceso de creación del Fondo, los involucrados habrían contactado a Global Assurance, mientras que ahora se analiza que la empresa de Alberto Espinosa Desigaud cumpla las labores de una aseguradora sobre dicho Fondo, sobre todo porque éste último sólo se compromete a cubrir a los acreditados si existen recursos disponibles. Se trata de una clara alerta para la 4T, ya que desde el Instituto le habrían permitido a Global Assurance participar en la constitución de Lineamientos y Reglas de Operación, para beneficiarse a sí misma. A esto se suma que el equipo de Ortiz Bolaños tampoco ha actuado con austeridad pues a también habría pagado miles de dólares a la firma de abogados Garza Tello Clyde & Co., para guiarlos en el proceso de creación del Fondo.