Nos comentan que integrantes de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en el estado de Veracruz, la cual preside el senador Dante Delgado, denunciaron ahora el caso del diputado federal electo, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión desde marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad.
La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD; y el presidente de la Comisión, Dante Delgado, indicaron que este caso se suma al del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, y al de un sinfín de veracruzanos.
El titular de la defensa de Franco Castán, Luis Enrique González Lira, afirmó que la detención es un acto arbitrario, injustificado y desapegado al Estado de Derecho. Detalló que no hay ningún elemento jurídico que acredite un riesgo cautelar para que se encuentre tras las rejas, ni existe evidencia o materia probatoria para que se le aplique la prisión preventiva.
Dante Delgado hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe conforme a derecho en éste y en los más de 50 casos que la Comisión Especial ha documentado. En el caso de Franco Castán, puntualizó, se trata de un caso más evidente, pues se trata de un personaje de la vida pública del estado.
Finalmente, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acepta los errores cometidos por el Poder Judicial y por lo tanto enviará una iniciativa al Congreso local para desaparecer del Código Penal el delito de “ultrajes a la autoridad’’. La presión social ejercida en contra de las arbitrariedades cometidas por las Policías locales, avaladas por el Poder Judicial del estado, permitió conocer decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, al estado de derecho y al debido proceso.
Veracruz se ha convertido en la entidad con mayores señalamientos de violaciones a los derechos humanos. El tema explotó con la detención de seis jóvenes, en una plaza comercial de Xalapa, que fueron acusados por los policías que los detuvieron de “ultrajes a la autoridad’’.
Fueron encarcelados por un juez local -al que habría que investigar también- que desestimó las pruebas presentadas a favor de los jóvenes y en contra de la detención en la que los policías cometieron cualquier cantidad de excesos.
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La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge manifestó que hoy las aduanas están manejadas de manera errónea por nuestras Fuerzas Armadas, lo que es un camino hacia un modelo autoritario, cerrado y opaco, por lo que consideró que se debe dar claridad a las reglas aduaneras y con ello evitar posibles prácticas de corrupción.
te el Pleno de la Comisión Permanente, la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 135 y 135 B de la Ley Aduanera, en materia de recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico, con la que se pretende dar claridad a la operación en ambos tipos de recintos.
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El pronóstico para nuestro país en este 2022 es el de mucha política, más todavía que en los tres años transcurridos, si esto fuera posible. Y es que, en esta primera mitad del sexenio, la característica fue la priorización de la política sobre la administración, como estrategia para impulsar la Cuarta Transformación. Ahora, para la segunda parte del mandato, la agenda se ve más cargada, pero con tiempo limitado.
El polémico proceso de Revocación de Mandato; las elecciones para gobernador en seis estados de la República (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas); el agarrón legislativo que, enfrentarán, una vez más a Morena y aliados (PT y PVEM) contra el resto de las bancadas (PAN, PRI, PRD y MC) por la aprobación de, entre otras, tres reformas constitucionales: la eléctrica, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército y una eventual reforma electoral. Todos estos, temas para la atención política, a los que habría que agregar el muy complejo manejo de un anticipado juego de la sucesión presidencial. Así que, una vez más, la administración pública quedará circunscrita a criterios políticos.
Sobre la Revocación de Mandato, ha quedado claro que éste se llevará acabo, literalmente, como sea. El argumento de la falta de recursos para realizarlo conforme a lo ordenado en la Constitución, esgrimido por el Instituto Nacional Electoral (INE), chocó contra un muro infranqueable, Morena, que aprovechó para golpear al Instituto acusándolo de tratar de boicotear el proceso de Revocación e insistir en sus críticas como estrategia para su extinción, como lo declaró, el presidente de Morena, Mario Delgado.
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Diputados de Oposición advirtieron que la propuesta de gasto de austeridad en el INE por parte del Gobierno federal es una intromisión en la autonomía financiera y de decisión del órgano autónomo.
Señalaron que la Secretaría de Hacienda está obligada a aportar una parte del financiamiento que se necesita para que se lleve a cabo la consulta sobre revocación de mandato del Ejecutivo federal.
El Gobierno federal dio a conocer la propuesta de recortes y gasto austero en el INE, a fin de obtener 2 mil 972 millones de pesos, mientras que el INE tiene una petición a Hacienda de mil 738 millones de pesos de ampliación presupuestal para poder financiar el ejercicio de consulta.
Sobre ello, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, señaló que la propuesta del Gobierno violenta la autonomía del INE, porque solo a este órgano le compete la revisión de su gasto y determinar de dónde puede hacer los recortes.
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