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El problema de visitantes locales o incluso turistas internacionales que enfrenta en los destinos turísticos, es el acceso a las playas.
Por ejemplo en la zona hotelera de Cancún y la Riviera Maya conocida como Playacar, las grandes cadenas hoteleras con los gobiernos del estado y municipios han implementado barreras y cercado incluso sus edificaciones para evitar que cucen los visitantes.
Eso les permite que sus inmuebles privaticen, prácticamente las playas que están frente a sus hoteles, dejando sin oportunidad a los residentes poder gozar de esas bellezas naturales que son propiedad del gobierno para sus gobernados.
Por esa razón se llevó a discusión el tema en la Cámara de Diputados y este martes se logró aprobaran, por mayoría de 406 votos de 500 esa reforma que garantizará libre acceso y tránsito a las playas.
Con adiciones a los artículos 8, 127 y 154 de dicha norma, de la Ley de señalan que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento.
En el caso de que no existan vías públicas o acceso desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento.
Es decir, no podrán escudarse que no hay paso por sus predios porque es propiedad privada, ahora tendrán que disponer de un acceso para los visitantes, les guste o no les guste, a cambio recibirán una compensación que consideren en acuerdo.
De no hacerlo, se sancionará con multa de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen, y condicionen el acceso.
Para el caso de los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de residencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, precisa el dictamen remitido al Senado de la República.
La diputada Julieta Macías Rábago (MC) refirió que a pesar de los múltiples derechos en los que se sustenta el libre disfrute y acceso a las playas, y a pesar de que la legislación vigente establece disposiciones para proteger su ejercicio, se ha vuelto una práctica común en los litorales, que quienes ostentan títulos de propiedad o de aprovechamiento de predios y zona económica exclusiva contigua a las playas, decidan establecer restricciones y obstáculos para el acceso. “Frecuentemente con fin de generar un valor añadido de privacidad a los servicios turísticos que prestan”.
Agregó que a pesar de que la ilegalidad de dichas prácticas es ampliamente conocida, la enorme extensión de nuestros litorales representa un importante obstáculo en la capacidad de vigilancia de la autoridad en este tema. Enfatizó que las modificaciones subsanan la parte de rigor normativo en la que “se han cobijado quienes indebidamente pretenden aprovechar los bienes de nuestra nación, sin tener un legítimo derecho para ello y en perjuicio de la sociedad en su conjunto”.
La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena) sostuvo que el problema de la privatización de las playas marítimas alcanza afectaciones a la población local, a los visitantes nacionales y extranjeros, y sólo beneficia a un grupo reducido de personas, contribuyendo a la concentración de la riqueza en unos cuantos y a la desigualdad económica.
Estimó que el objetivo de la reforma es establecer que todos los mexicanos, sin distinción, privilegios, ni exclusividades, por diferencias económicas, de tipo social, se les hagan valer sus garantías constitucionales de acceder, transitar o utilizar las zonas marítimas, especialmente las playas.