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A fin de garantizar la atención y protección de los derechos de los adultos mayores, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso incluir a este grupo vulnerable en las sanciones por abandono o maltrato.

Al fundamentar una iniciativa que reforma los artículos 335 y 340 del Código Penal Federal, la integrante del Grupo Parlamentario del PT (GPPT) explicó que el objetivo de la propuesta es incluir en las sanciones por abandono a las personas adultas mayores, y de esta forma generar conciencia en el tema.

Pinedo Alonso sostuvo que es necesario continuar trabajando en la creación de planes y programas que garanticen y protejan los derechos de las personas adultas mayores.

“Es importante contar con legislación sólida que permita aplicarse en beneficio de este grupo y al mismo tiempo ser una medida previsora para generar una cultura de protección a las personas adultas mayores”, apuntó.

Informó que de acuerdo con datos del Informe de “Perspectiva de la Población Mundial del 2017, en el mundo existen 962 millones de adultos mayores y se estima que para 2050 se duplique a 2,100 millones y se triplique a 3,100 millones en el 2100.

“Lo anterior hace visible el aumento desproporcional que habrá de personas mayores de 60 años, lo que conlleva a crear políticas encaminadas a garantizar los derechos fundamentales como el acceso a la salud de calidad, vivienda, al trabajo remunerado y una vida libre de violencia”, mencionó.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2015, informó que 1 de cada 10 personas adultas mayores vivían solos, y que cada 7 de cada 10 eran funcionales e independiente.

Y Margarita Maass Moreno, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta del Centro de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, señaló que, en el país, el 20 % de los adultos mayores viven en soledad y el 16 % sufren rasgos de abandono y maltrato.

“Este fenómeno de abandono se da la mayor parte de las veces por falta de capacitación formal de los familiares, así como el aspecto económico que no les permite contratar a trabajadoras sociales, personal de enfermería, personal gerontólogo, geriatras y personal médico en atención primaria de salud”, detalló la legisladora.

En este sentido, subrayó la urgencia de generar políticas públicas que puedan aplicarse en beneficio de las personas adultas mayores para evitar con ello abusos y violaciones a sus derechos humanos por el grupo vulnerable que representan.

Por ello, aclaró que su iniciativa pretende sancionar con un mes a cuatro años de prisión, y retirándole la patria potestad o la tutela, a quien abandone o una persona adulta mayor.

Y castigar con de diez a sesenta jornadas de trabajo comunitario a quien no de  aviso inmediato a la autoridad sobre un adulto mayor abandonado u omita prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal.

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