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La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT), aprobó con 14 votos a favor y 3 contra, su opinión positiva al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y la remitió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acordó adjuntar un anexo con las propuestas de los legisladores integrantes de la comisión sobre el PND, así como observaciones presentadas por ciudadanos y organizaciones a dicho Plan, y en su caso, un extracto de las audiencias y foros que se realizaron.

González Yáñez precisó que en esta instancia, independientemente de si está de acuerdo o no con el PND, la tarea que nos “corresponde es dar una opinión de que, si cumple o no”.

El acuerdo de la comisión, refiere que este 20 de mayo, se realizó el “Foro de parlamento abierto para el análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: política, gobierno, austeridad en la función pública y combate a la corrupción”.

Señala que la presentación del PND reúne los preceptos fundamentales que guían la acción gubernamental y no son contrarios o divergentes de los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política.

 El lenguaje es ampliamente comprensible; define y desarrolla conceptos como honradez y honestidad, el no a un gobierno rico con pueblo pobre, el no actuar al margen ni por encima de la ley, así como el construir una economía para el bienestar precisando que el mercado no sustituye al Estado.

Por Morena, el diputado Rubén Cayetano García dijo estar a favor de la opinión en el sentido positivo y precisó que la ciudadanía conoció el plan alternativo de nación del titular del Ejecutivo, el cual incluye 50 puntos. “Hemos estudiado la situación del país desde antes y el PND revela líneas y trazos de lo que ya está echándose a andar por parte del nuevo gobierno democrático de México”.

El PND está dentro de los márgenes y la legalidad de lo que es posible. “Estamos a favor de que se emita la opinión en sentido positivo; sino menciona los temas de corrupción y transparencia, para eso estamos aquí; nuestra convicción en un régimen republicano y democrático es hacer nuestro trabajo”.

Su compañera de bancada, diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez sostuvo que, si se conoce este Plan, “vemos que hay indicadores que dicen cómo se evaluará el resultado de la corrupción y la impunidad. Estos son: tasa de víctimas de actos de corrupción, en al menos uno de los trámites realizados; descripción, mide el número de personas que padecieron actos de corrupción en la realización de al menos un trámite; línea de base 2017, 14 mil 635 personas; meta 2024, 6 mil 878 personas”.

Puntualizó que nunca como ahora se había sido tan transparente. “Nosotros llegamos a este cambio de régimen porque hay y ha habido un proyecto alternativo de nación conocido por todos. Vamos a votar a favor y decir sí cumple con los requisitos porque hemos visto otros planes en otros sexenios”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) subrayó que el PND no tiene ni una sola palabra de lo que es materia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción; se debe actualizar, pues “para nosotros claramente no cumple lo que tiene el marco constitucional; no le podemos dar un sí, porque de ese Plan derivan presupuestos y leyes secundarias”.

Consideró alarmante que el documento de 64 páginas sea el instrumento de planeación que llevará el rumbo del país en el sexenio, ya que no se ajusta a lo señalado en la Constitución y a las leyes en la materia. “No hay nada para velar por la estabilidad de las finanzas públicas ni para generar condiciones favorables para el crecimiento económico y empleo. Es grave que no se incluyan las propuestas de Política Nacional de Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción”.

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Gloria Romero León expuso que en el PND no hay una política propuesta sobre transparencia ni hace mención al Sistema Nacional Anticorrupción, menos del tema de rendición de cuentas.

“Le hace falta un diagnóstico medible y cuantificable de que si el plan cumple o no los ejes generales”.  Además, se pronunció por regresar al Ejecutivo el PND y lo devuelva en un plazo de 20 días con la inclusión de las observaciones de esta comisión. 

La diputada panista, Josefina Salazar Báez propuso regresar el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de que se perfeccione y logre cumplir con los requisitos que establece la ley y realmente beneficie a la ciudadanía.

Indicó que el documento no define de qué manera se atenderán asuntos como la evasión fiscal, combate a las drogas, seguridad, entre otros, “es fundamental que entienda que este plan es para los seis años, de ahí la importancia de que sea bien definido”.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) argumentó que el PND es de carácter histórico, marca el fin de los planes. Por lo tanto, debe distanciarse de los anteriormente realizados.

“Ya no habrá un plan donde se definan propósitos a corto, mediano y largo plazos hasta de 20 años, porque no corresponde a la nueva ideología de esta administración. El PND recoge el sentir de lo que el gobierno pretende ejecutar en este sexenio”.

Armando Contreras Castillo, diputado de Morena afirmó: “el PND cumple con las leyes que corresponde. en relación a su contenido se encuentra de manera sustantiva y transversal el combate a la corrupción e impulso de la transparencia como un eje de un nuevo ejercicio de gobierno”.

Subrayó que este documento tiene como propósito fortalecer la figura del Estado. “Estamos confiados en que se construirá un mejor país, con condiciones laborales, sociales y económicas favorables”.

Su compañero de bancada, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, expresó que su voto sería a favor, porque el Ejecutivo conoce la desigualdad; si bien es cierto los PND pasados cumplían con la ley, pero ningún sólo objetivo se cumplía; es decir, existía una inacción total.

“En este Plan Nacional de Desarrollo se aborda el tema del huachicoleo; se habla de emprender la construcción de la paz, por eso estamos a favor, porque hay compromiso amplio con la sociedad”.

La diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora, reconoció que el PND plantea políticas públicas orientadas a recoger las demandas y necesidades de la sociedad para incorporarla a la acción gubernamental; asimismo, propone tipificar la corrupción como delito grave, eliminar el fuero de altos funcionarios, erradicar las operaciones en países fiscales.

Sin embargo, es necesario elaborar indicadores que permitan dar seguimiento a los avances de las estrategias propuestas y en qué parte se tendrá que hacer ajuste del PND. Por otra parte, señaló que se deben incluir a los sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Miroslava Carrillo Martínez, diputada de Morena, destacó que independientemente de la opinión, es fundamental que quedé asentado todo aquello en lo que se disiente, pues “a eso nos convocaron; a que cada una de las personas emita una participación; el objetivo es conocer qué le hace falta y cuáles son las omisiones”.

Por ese mismo partido, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla resaltó que los resultados del PND no son para un semestre, sino para seis años. Añadió que se han hecho planes “muy bonitos, pero lamentablemente se nos quedó a deber y no habido buenos resultados”.

Los integrantes de la Comisión también aprobaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el propósito de que la publicación y actualización de las estadísticas de las denuncias de los procesos de investigación relacionadas con violencia de género, sea un elemento de la rendición de cuentas de los sujetos obligados.

La proponente, diputada Ximena Puente de la Mora (PRI), detalló que con esta modificación se logra exigir a los tres órdenes de gobierno: sindicatos, fideicomisos, partidos políticos y cualquier entidad que reciban recursos, visibilicen los casos de violencia de género y se implanten acciones para combatirla.

Asimismo, se avaló el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de modificar el término de secretario técnico por el de secretario ejecutivo, será el encargado de las funciones de dirección.

Finalmente, el presidente de la Comisión informó que el plazo para hacer alguna impugnación sobre los nombramientos de los titulares de las unidades de control interno termina hoy 21 de mayo a las 24:00 horas, y el encargado de defender las impugnaciones será el jurídico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en conjunto con la Mesa Directiva y este órgano legislativo.

“Hasta el momento se tiene conocimiento de seis impugnaciones: una al no nombramiento de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); al nombramiento de una persona que no iba en el dictamen que se envió a la Jucopo, referente al cargo del Inegi, y una más relativo al INE, porque el currículo no era el apropiado para ser el encargado de esa área.

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