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Con el objetivo de que la capital del país sea una ciudad santuario que protege los derechos y la seguridad de las mujeres, el Congreso de la Ciudad de México aprobará el incremento de la pena de 35 a 70 años de prisión a quien cometa feminicidio, siendo éste el delito más castigado del Código

Penal local, adelantó el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

En conferencia de prensa este domingo, el legislador destacó que después de la revisión al marco jurídico penal no puede darse el mismo tratamiento al homicidio calificado que al feminicidio, ya que en el primero se actúa con alevosía, ventaja o premeditación, en el segundo caso la razón de odio por género es mucho más grave, por ello la nueva penalidad.

“Vemos el derecho penal no como un instrumento para la represión, sino para salvaguardar los bienes fundamentales de una sociedad; no actuaremos con mecanismos de populismo penal, no estamos en una mera lógica de incremento de penas, sino que se ha hecho un análisis específico y claro que pretende que en colaboración con el Poder Ejecutivo, el Legislativo cumpla con su responsabilidad de dotarlo de instrumentos ágiles y eficientes”, dijo.

Santillán anunció que mañana, lunes, la Comisión que preside sesionará para aprobar el dictamen de reformas al Código Penal, el cual será llevado al pleno en el periodo extraordinario del Congreso, a realizarse los días 30 y 31 de julio.

“Mañana estaremos sesionando en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y prácticamente tendremos un dictamen avalado por los diversos grupos parlamentarios en materia de Código Penal”, sostuvo.

Agresión a policías, falta administrativa 

Como parte de las reformas que se prevén aprobar, Santillán Pérez anunció la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, garantizando el pleno derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libre manifestación; “consideramos que la garantía de estos derechos no es bajo ninguna circunstancia motivo para que existan agresiones hacia los cuerpos de seguridad”, apuntó.

Por lo anterior, dijo, se trabaja en una reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para establecer como infracción administrativa las agresiones físicas, intimidar o incitar a la violencia hacia los elementos de seguridad ciudadana se castigará con una sanción de trabajo inconmutable a favor de la comunidad de 20 a 36 horas, siempre y cuando no exista una lesión.

Precisó que cuando haya lesión u homicidio en contra de un elemento de seguridad ciudadana la pena se agravará en un tercio; “consideramos que estos instrumentos son mucho más ágiles y eficaces para garantizar el respeto hacia nuestros elementos policiacos”.

Por su parte, el diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, detalló que la derogación del delito de ultrajes se deriva no sólo de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también de una petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; “recordemos que en 2012 el artículo fue utilizado para encarcelar a muchos de los manifestantes”, destacó.

Ahora estamos buscando proteger la seguridad física de los policías, y esta propuesta de sanción administrativa y agravar el homicidio a cualquier policía blinda el derecho a la manifestación, protegiendo a los cuerpos de seguridad.

Asimismo, reconoció el incremento de la pena al delito de feminicidio, “no era posible que fuera semejante la pena entre homicidio y feminicidio, porque esta conducta es un asunto que debe erradicarse”, agregó.

A la conferencia de prensa de este domingo asistieron también los legisladores María de Lourdes Paz Reyes y Miguel Ángel Macedo Escartín, del grupo parlamentario de MORENA.