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Por Lourdes Aguilar

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles la iniciativa presidencial que busca destinar el 80% de los impuestos federales recaudados por cobro a turistas extranjeros a megaproyectos de infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

La iniciativa, la cual se avaló en lo general y en lo particular, al rechazar las propuestas de modificación, se envió al Senado de la República. 

Una de las reformas aprobadas modifica la Ley Federal de Derechos, para que el 20% de los impuestos cobrados a los turistas extranjeros que ingresan al país se destine al Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto que el 80% restante sea para los proyectos y las inversiones bajo responsabilidad de la entidad paraestatal a cargo de determinadas obras. 

Dicha constancia tendrá por objetivo “la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole”, según la iniciativa presidencial. 

Por otro lado, también modifica la Ley General de Turismo, al derogar que el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se integre por el cobro de impuestos a extranjeros. 

Por otra parte, Nuevamente Morena propuso una iniciativa, a la cual se le dispensaron trámites e inmediatamente fue discutida y aprobada, esta vez fue para asignarle el Tren Maya a la empresa del Ejército, Grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca – Maya – Mexica S.A de C.V. (GOMM), por tiempo indefinido. 

Con 263 votos en pro y 218 en contra, los diputados de Morena y aliados aprobaron esta iniciativa presentada por el diputado Pablo Almicar Sandoval, y todo ocurrió en menos de tres horas. 

La propuesta modifica las leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Federativas para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá otorgar asignaciones para construir, operar y explotar vías férreas a entidades paraestatales sin sujetarse a un procedimiento de licitación, y éstas tendrá una vigencia indefinida.