El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenar la suspensión de la difusión y realización del evento de informe de gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
el próximo lunes 1 de julio, ya que violenta los artículos 134 Constitucional y 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al no sujetarse a reglas de difusión que se limitan una vez al año y al exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
Además de contravenir la Tesis de jurisprudencia número LVIII/2015, titulada “Informes de Gestión Legislativa. Deben rendirse una sola vez en el año calendario y con una inmediatez razonable a la conclusión del periodo sobre el que se comunica”, en la que se desprende que de la norma legal se advierte que no se prevé una fecha expresa y determinada para la rendición de informes de gestión para evitar su postergación de manera indefinida o permanente y dotar de seguridad jurídica a los actores jurídicos y a la ciudadanía respecto de esos actos, debe delimitarse su realización a una sola vez en el año calendario, y dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del año.
La realización del informe viola el artículo 134 constitucional ya que se está utilizando recursos públicos con parcialidad para realizar una promoción personalizada del titular del ejecutivo federal
La queja, se basa en notas de medios de comunicación, declaraciones del propio mandatario federal y en la redes sociales de la Presidencia de la República, así como diversas mantas colocadas en diversos domicilios de la CDMX con los que se invita al informe de próximo lunes 1 de julio que dará el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la CDMX. Por ello, se solicitó que “se adopten las medidas cautelares con el fin de evitar un daño irreparable contra el principio de imparcialidad, legalidad y certeza que debe regir en materia electoral, y se ordene al Presidente de la República se abstenga de realizar y difundir eventos públicos en los cuales tenga como objetivo la difusión de su informe o gestión de Gobierno”.
La denuncia interpuesta por el representante de este instituto político ante el INE, Camerino Márquez, señala también la utilización indebida de recursos públicos y propaganda político a favor de su gobierno, “el informe de labores que pretende rendir, derivado de la participación de servidores públicos a la celebración del primer año del triunfo a la presidencia».
La autoridad electoral tiene en todo tiempo el deber irrestricto de verificar los límites a la propaganda electoral en medios de comunicación, que si bien es cierto a primera instancia pareciera no tuviera elementos como el llamado al voto o cualquier otra vinculada de manera directa a algún proceso electoral, lo cierto es que, se trata del Presidente de la República, quien ostenta un cargo de servidor público.