Senadores del PRI propusieron reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para garantizar a cuentahabientes y usuarios de servicios financieron el manejo de su información personal, así como su derecho a modificarla.
La reforma, expuso la senadora Claudia Balderas, se explica porque actualmente las sociedades de información crediticia son excluidas de la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, las cuales tienen como objeto prestar los servicios financieros para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas o morales, mismas que se rigen por la ley para regular las sociedades de información crediticia.
“Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que excluir de la aplicación de esta Ley Federal a las sociedades de información crediticia es anticonstitucional, debido a que no se ajusta a nuestra Carta Magna, esto derivado de la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia, ya que complementó la Protección de Datos personales con la respectiva norma referente al acceso, rectificación, cancelación y oposición”, refirió.
La Corte determinó la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 2 de la ley “debido a que la excepción de aplicación de la Ley Federal a las Sociedades de Información Crediticia es contraria a los derechos de audiencia y a la protección de datos personales -en el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO)- y vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, contemplados en los artículos 14° y 16° constitucionales”.
La senadora expuso que la reforma tiene como objetivos que a partir del tratamiento de los datos personales de las personas cuentahabientes o usuarias, estas tengan la oportunidad de realizar modificaciones a su información crediticia en todo momento, con el propósito de hacer valer su derecho de audiencia, así como su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, conocidos mayormente como derechos arco y por último, busca subsanar el problema de inconstitucionalidad que persiste actualmente y derogar.