La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que las decisiones presupuestales federales ponen riesgo la capacidad operativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex señaló que el trabajo de ambos organismos ha sido pieza clave para construir la definición de pobreza multidimensional que actualmente dicta la política social en México, apuntó la cúpula empresarial dirigida por Gustavo de Hoyos.
En un estudio, el organismo también destaca que dicha medición, ha permitido que se conozcan las zonas con mayores carencias en el país y dónde se necesita focalizar la atención para impulsar el desarrollo económico de estas zonas. “Es así como México ha logrado ser uno de los países con mediciones más detalladas de pobreza”.
Destacó que pese a que el INEGI sufrió un recorte de 500 millones de pesos al inicio del año y, en consecuencia, quedó impedido para la realización de 14 encuestas como las nacionales de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), de Gasto en los Hogares (ENGASTO) y Agropecuaria (ENA) y el Censo Agropecuario.
La Coparmex recordó que en fechas recientes, el organismo solicitó al Coneval un recorte de 20% de las plazas de estructura, como eliminar los puestos de todos los funcionarios que operan como directores e impedir la contratación de servicios externos, apuntó.
“Esto implicaba, de facto, impedir su operación prácticamente por completo. Al parecer, en el último momento el gobierno reculó ante la presión pública”, expuso en el documento Señal Coparmex.
Los ahorros por los recortes presupuestales a instituciones encargadas de evaluar política púbica son contraproducentes porque no se basan en un análisis caso a caso de las necesidades de cada organismo, sino en instrucciones sin sustento que afectan de raíz la capacidad del Estado mexicano.
“De continuar con la implementación de estos recortes se eliminaría la capacidad del Estado mexicano para evaluarse y, con ello, la posibilidad de generar eficacia en la política social. Lo que no se mide, no se puede mejorar”, afirmó.