La Comisión Permanente solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que informe sobre los montos obtenidos en las distintas subastas que se hayan realizado con motivo de hechos de corrupción, e indique los criterios de destino de los ingresos obtenidos.
En el dictamen aprobado se señala que es necesario conocer los montos obtenidos en las distintas subastas, como la venta de diversos vehículos que pertenecían al Estado Mayor Presidencial, así como los criterios para distribuir las ganancias obtenidas.
Indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal pretende obtener ingresos por mil 500 millones de pesos.
Se agrega que los recursos serán destinados al «Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado», organismo que será creado para tal fin y que remitirá lo recaudado a las sociedades de padres de familia de las escuelas para el mantenimiento y construcción de unidades deportivas, ambulancias y caminos, entre otras prioridades.
Agrega que recientemente se realizó en Los Pinos una subasta de vehículos que constituyó la primera aportación al Instituto, por un monto de 30 millones de pesos. Asimismo, se anunció la venta de casas de políticos mexicanos que se tienen en custodia, cuyos recursos serán destinadas a la atención a comunidades y a programas para combatir el consumo de drogas en jóvenes y niños.
Ante ello, los legisladores estimaron importante conocer los criterios que serán utilizados para realizar las subastas públicas y repartir los recursos obtenidos, así como las facultades del nuevo Instituto y su adscripción orgánica.
Los criterios que deben regir la creación y facultades del Instituto, subrayaron, deben estar basados en los principios de objetividad, transparencia, honestidad, eficacia y publicidad.
Al respecto, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, calificó como “aberración” que el Gobierno Federal no dé a conocer con puntualidad hacia dónde van estos recursos. “No podemos aceptar que lo obtenido por las subastas se vayan a alguno de los programas electoreros que todo el mundo conocemos”, expresó.
El dinero que se obtiene en estos casos, sugirió, puede destinarse para disminuir el desabasto de medicamentos y de equipo quirúrgico en los hospitales públicos del país.
Piden proteger derechos de trabajadores de Oceanografía
El Pleno también requirió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) un informe sobre el seguimiento al caso de los trabajadores y extrabajadores de la empresa Oceanografía y pidió se garantice el respeto a sus derechos laborales, verifique sus condiciones de trabajo y el cumplimiento de pago de salarios e indemnizaciones.
En el dictamen aprobado se menciona que los actos de corrupción en los que participan empresas no deben afectar los derechos de los trabajadores. Recuerda que “es un compromiso del nuevo gobierno atender las afectaciones por los hechos de corrupción de anteriores administraciones”.
Hace referencia a los hechos de corrupción en los que participó dicha compañía durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) un importante número de contratos que facilitaron su expansión.
Señala que en 2014, Oceanografía fue asegurada por la Procuraduría Federal de la República, quien determinó que su administración estaría a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Ese organismo estaba obligado al mantenimiento de todos los bienes, procurar el buen funcionamiento de la empresa y conservar, principalmente, la fuente de ingresos de los 11 mil trabajadores, lo que no se cumplió.
Ello, deterioró los activos que la conformaban, situación que repercutió en la garantía de la fuente de empleo de los trabajadores, se destaca.
Específica que de las de quejas presentadas por los empleados se desprenden hechos que podrían considerarse violaciones a derechos humanos. De acuerdo con algunos medios de comunicación, más de 4 mil trabajadores siguen sin recibir su pago de liquidación por parte de la empresa desde hace casi 5 años.