La situación para el regreso del turismo de convenciones, deportivo y general es de naturaleza ambivalente: se requiere acelerar la recuperación económica del núcleo de la actividad productiva en Guerrero, pero también retirar escombros y de manera simultánea reconstruir las edificaciones en Acapulco -el 100% resultó dañada en mayor o menor cuantía- tareas que avanzan muy lentamente al punto de poner en riesgo la realización del Abierto de Tenis al final de febrero próximo, el Tianguis Turístico de marzo que anunció Miguel Torruco así como la Convención Nacional Bancaria que comprometió el actual presidente de los banqueros, Julio Carranza.
Por el momento se calcula, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que encabeza Francisco Soleares, que hay 800 mil toneladas de escombros aún por retirar y que afectan poco mas del 70% de las vialidades de Acapulco: al ritmo con que hoy se efectúa la remoción ctualmente se requerirían 3 años para completar la tarea junto con el desalojo de la basura que diariamente que generan los habitantes del devastado puerto. Un riesgo sanitario adicional es la saturación de los tiraderos provisionales y sin el confinamiento adecuado de material orgánico e inorgánico que pueda evitar surja un inmenso foco de infección.
Las empresas agrupadas en la CMIC en su delegación Guerrero han financiado durante un mes una decena de camiones de volteo, dos góndolas, trascabos pequeños, otros equipos de carga así como una planta móvil para potabilizar agua; se han coordinado con las brigadas del gobierno estatal y con el equipo dispuesto por Defensa y Marina, pero todo ello ha resultado insuficiente.
Como se informó en este espacio el gobierno federal busca que sea “todo gratis” el equipo pesado dispuesto en Acapulco y los ottos 46 municipios siniestrados, siendo una de las razones del pobre desempeño de la Coordinación Nacional de Seguridad Civil a cargo de Laura Velázquez, especialista en historia y arte.
Con equipamiento suficiente -como el que solía obtenerse a costo con recursos de extinto Fonden- se podría reducir a 8 meses el retiro de la mayor parte de escombros y acelerar la reconstrucción y la recuperación económica… pero no hay medios para ello, como tampoco una norma de edificación segura para la “autoconstrucción” de 250 mil viviendas (sólo el anuncio de Andrés Manuel López Obrador) ni un plan de reordenamiento urbano que rehabilite y mejore los espacios que habitan los trabajadores directos e indirectos del sector turístico, esos que atenderán deportistas y convencionistas convocados para el primer cuatrimestre de 2024.
Samuel, mercadotecnia Mirinda sabor cazuela
A Samuel García Sepúlveda no le importó romper su propia palabra e imitó el papelón de Jaime Rodríguez El Bronco, quien hizo a un lado el compromiso con los neoleoneses para buscar la presidencia nacional a sabiendas que no lo lograra. El sector privado, sector clave en la muy industriosa entidad, le reclamó su dislate electoral: Caintra, Consejo Cívico, Caprobi, Coparmex, Canaco, Index y Canadevi en conjunto firmaron un desplegado donde reprocharon al gobernar abandonar su responsabilidad que “conlleva la gestión ética y ejemplar de sus funciones, con una dedicación concentrada y el cumplimiento íntegro de su mandato”.
La pregunta en los corrillos empresariales es acerca del tamaño de los expedientes que la UIF tiene sobre el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, aquellos que versarían sobre su relación familiar con 16 empresas fantasmas y “factureras” (entre las que figuran XCW Logistics Servicios y Asesorías Zulamak, Renok y SAGA) como para sumarse al bombardeo federal contra Xóchitl Gálvez.
Por ello la propaganda electoral de García Sepúlveda recuerda al marketing de un popular refresco de hace 40 años, Mirinda, un spot de televisión donde una bailarina tipo superheroína -cantando una melodía pegajosa- exaltaba las virtudes del producto: su color y sabor naranja, refrescante, y nada más. Solo que hoy este “refresco” viene en cazuela guinda.
Casanova, 30 meses de inhabilitación
El pasado viernes la Secretaría de la Función Pública que encabeza Pedro Salcedo envió una circular a todas las oficialías mayores del gobierno federal y de gobiernos estatales y municiapeles donde les informa que deben de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la firma Casanova Vallejo, la empresa dedicada a renta, arrendamiento y venta de vehículos automotores propiedad de Carlos Echenique Casanova. No es la primera vez que le inhabilitan a la arrendadora favorita del sexenio pasado, pero que en el actual le han señalado y sancionado en cuando menos tres ocasiones (ISSSTE, CFE y Sonora) por transacciones irregulares. La sanción culminará por allá del verano de 2026.
@mfloresarellano