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Era de esperarse, que la propuesta de iniciativa para fusionar en un solo órgano a las instancias reguladoras de energía, competencias y telecomunicaciones, levantaría polvareda en diversas instancias productivas, académicas y círculos políticos.

La iniciativa del senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, tiene como propósito, según lo ha dicho él mismo, «mejorar la calidad y funcionalidad de los servicios, por lo que tener en un solo instituto a los tres organismos hará que los ciudadanos cuenten con mejores servicios.

A lo largo del día y en diversas entrevistas radiofónicas y mensajes por redes sociales, ha señalado que su iniciativa está inspirada en el modelo español, el cual –asegura—ha arrojado resultados positivos.

La iniciativa, que reformaría los artículos 27 y 28 de la Constitución, tiene como eje central fusionar a los órganos reguladores de las instancias que proporcionan los servicios de telecomunicaciones y energía, puesto que estos comparten infraestructura, insumos básicos y cadenas de producción complejas, lo que se traduciría para el consumidor en funcionalidad y agilidad en la prestación de los mismos, entre otras consideraciones más allá del ahorro de dinero, que dicho sea de paso es bastante, hablamos de 600 millones de pesos anuales.

Monreal ha explicado que dicha iniciativa la ha venido trabajando desde el 2019 y que por diversas circunstancias no ha sido llevada al pleno. También ha reconocido que no se la había dado a conoc Los Bazucazos de Ubaldo Díaz er al jefe del Ejecutivo Federal, pues cree y confía en la autonomía de los poderes. Y como tal asegura que, de crearse el Instituto Nacional de Mercados y Competencias, éste será un organismo autónomo.

En síntesis, su propuesta busca lo mejor para el país en el marco de una evolución del sistema jurídico.

Sin embargo, Monreal Ávila, político de gran colmillo y vagancia, ha externado que no está cerrado a escuchar todas las voces en un amplio Parlamento Abierto para enriquecer su iniciativa y lograr un buen acuerdo, aunque si hay una tendencia en contra estaría dispuesto a posponer, y hasta retirar su iniciativa. Uno de los argumentos más escuchados es la posible «hiper concentración de funciones» y que de ahí se derive un hiper control.

El zacatecano insiste en que el organismo tendría una amplia autonomía a partir de la propuesta de una terna hecha por el mismo poder legislativo.

Monreal ha sido claro en especificar al respecto en que no está cerrado a que se revise y se modifique todo el esquema, e invita a la revisión la iniciativa y analizar lo sucedido en España, como referente de la propuesta.

Al tratarse se una reforma Constitucional, Morena por si misma no puede aprobarla, pues se requiere de la mayoría calificada. De ahí la necesidad de escuchar diversas opiniones para lograr un mejor sistema jurídico en bien de la república.

El Instituto, sería un órgano constitucionalmente autónomo y contaría con personalidad jurídica y autonomía técnica y de gestión: «no estaría en riesgo ni su auto ni carácter técnico, al contrario, el objetivo es fortalecer sus funciones. Garantizaría la competencia y libre concurrencia de los sectores. Daría coherencia a los reguladores y certeza a los regulados. Se mejoraría la agilidad en la atención de los asuntos, reduciendo los tiempos administrativos. Facilitaría el fomento y desarrollo energético», entre otras consideraciones.

Sin embargo, no será fácil que sea aprobada por el momento de crispación que vive el país, los partido que están en la oposición ven peligros para concentrar en un solo órgano todas las funciones, pero además porque las propuestas de los grupos minoritarios han sido bateadas, no les aceptan nada.

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México y la Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol) suscribieron un acuerdo de trabajo para incrementar el combate a la delincuencia organizada trasnacional y frenar el flujo ilícito de armas, sus componentes, municiones y explosivos. Tanto la dependencia que encabeza Alfonso Durazo Montaño como la Cancillería de Marcelo Ebrard fueron los negociadores del convenio que complementa la estrategia global para enfrentar este flagelo internacional.

El acuerdo permite, entre otras cosas, el intercambio seguro de información entre las partes, la vinculación de México con otras agencias y autoridades de países de la Unión Europea y agencias asociadas a Europol y la posibilidad de designar a un oficial mexicano en las oficinas centrales en La Haya.

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Ante el regreso a la «nueva normalidad» y la posibilidad de la reactivación turística en algunas regiones del país, la diputada del Partido Verde, Leticia Gómez Ordaz, propuso establecer protocolos especializados de seguridad para la prevención de delitos, que permitan salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los visitantes, y de los prestadores de servicios en los diversos destinos turísticos del país.

Mediante una iniciativa que presentó en la Comisión Permanente, dijo que el turismo representa una actividad esencial para la economía del país. Sin embargo, en el 2019, el impacto económico de la violencia en este sector, fue ocho veces mayor que el gasto público en salud y seis veces mayor que el gasto en educación, de acuerdo con datos oficiales.

Por ello, hizo un llamado a las diversas instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y del sector turismo a implementar una estrategia integral que garantice la seguridad de los visitantes tanto nacionales como extranjeros, y para que esta actividad resurja en un entorno de tranquilidad y confianza.

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El dirigente del priismo Alejandro Moreno, afirma que el gobierno federal, encabezado por Morena, ha optado por dar la espalda al campo mexicano y autorizó un recorte de 4 mil millones de pesos en su Presupuesto para el 2020.

El PRI, agregó, «reprueba enérgicamente esta medida, que atenta contra la estabilidad de un sector que es crucial para la economía y para la seguridad alimentaria» de las familias mexicanas. Por ello, urgió a salvar al campo mexicano.

Dichos recursos, dijo en un mensaje en sus redes sociales, estaba destinado a blindar la producción agrícola ante la caída de precios de productos, como el maíz, sorgo, trigo o el arroz, y también ante cambios climáticos, como heladas, granizadas o sequías, que tienen el potencial de afectar severamente las cosechas en el campo.

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Así como cumplió haciendo justicia deteniendo a Manuel Vera Carrizal, quien ordenó echarle ácido a la saxofonista Maria Elena Rios, así va con todo contra los policías municipales que mataron al niño en Acatlán de Pérez Figueroa

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