Algo se rompió, quizá la paciencia de Pete Buttigieeg en el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden fueron suavecitos ante Andrés Manuel López Obrador en materia de aviación: aguantaron estoicos el patada en el trasero que el gobierno mexicano propinó a su joya aeroespacial, Mitre Corporation que encabeza Jason Providakes, a la que acusó de corrupción en el diseño del NAIM de Texcoco; también aguantaron las invectivas de “intervencionismo” cuando la Federal Aviation Administration degrado a Categoría 2 a la autoridad aérea mexicana. Pero no más.
El Departamento de Transporte (DOT) y sus agencias se condujeron con rigor técnico en cada uno de los episodios tirantes con el gobierno mexicano, considerando la importancia comercial, financiera y de integración del transporte aéreo binacional. Sin embargo, la reciente decisión de impedir a Roberto Alcantara lograr una alianza entre Viva Aerobús con Allegiant de Maurice J. Gallagher y luego poner en tela de juicio la asociación entre Delta que dirige Ed Bastian y Aeroméxico que comanda Andrés Conesa, no atiende a los datos duros del tráfico aéreo… pero además es contraria a los esfuerzos que en los último 30 años de las aerolíneas de Estados Unidos -y sus autoridades reguladoras- de formar alianzas y asociaciones que ampliaron y democratizaron el acceso al transporte aéreo.
Fueron dos decretos que activaron las negativas del DOT: el que transfirió los aviones cargueros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; luego la reducción a 43 las operaciones aéreas máximas por hora en el aeropuerto capitalino.
Pero en ningún caso fueron afectados los intereses estadounidenses.
Las naves comerciales de aquel país de todas las aerolíneas, con pasajeros y carga, arriban sin problema en el AICM a cargo del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño; los cargueros trabajando con holgura y prontitud en las instalaciones a cargo del general Isidoro Pastor. Y la reducción de operaciones en el hub capitalino sólo afectó a las aerolíneas mexicanas y a ninguna estadounidense.
No habría, pues, materia técnica para la negativa del DOT para extender la inmunidad antimonopólica para Delta-Aeeroméxico o concederla para Allegiant-VivaAerobus.
La misma Cámara de comercio de Estados Unidos su extrañeza ante la actitud del DOT: a través de John Drake, vicepresidente de transporte, infraestructura y proveeduría, solicitó antier reconsiderar la posición oficial a la subsecretaria de aviación y asuntos internacionales –Carol Petsonk– por el daño que implica para la actividad económica en América del Norte.
Todo indica pues que al más alto nivel de gobierno de EU se optó subir el grado de presión de un asunto político. Piense mal y acertará.
Atajan “torito” de reforma de pensiones
Quedó tendido en la plaza el astado jabonero que López Obrador envió a la oposición legislativa para reformar el sistema de pensiones. El mandatario esperaba una negativa del PRI-PAN-PRD y ganar la narrativa para “evidenciar el carácter antipopular de los de antes”. Pero tanto la declaración del líder del PRI Alejandro Moreno, refrendada por Xóchitl Gálvez y soportada por los legisladores del PAN, de aceptar la reforma y urgir al gobierno para ampliar sus aportaciones de retiro a los más de 5 millones de servidores públicos, anuló la polarización calculada en Palacio Nacional. Ya habrá tiempo de analizar cómo se fondeará ese plan, y será la única iniciativa que pasará en el congreso de las que envía este lunes el poder ejecutivo. De mientras, sigue el debate de los grandes y graves problemas -y escándalos- nacionales.
SCJN reestablece certidumbre eléctrica
La Consejería Jurídica de Presidencia, a cargo María Estela Ríos, intentó ayer dilatar nuevamente la decisión sobre la constitucionalidad o no de la Ley Eléctrica con que el actual gobierno buscó (cuando Rocía Nahle era secretaria de energía) reservar 54% de la generación a la CFE de Manuel Bartlett: buscó sacar de la discusión el ministro Javier Laynez -presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte- por presunto conflicto de interés y así postergar la decisión al dejar empatados dos a dos los votos a favor de la constitucionalidad (Loreta Ortíz, Yasmín Esquivel, obvio) y quienes argumentaron su inconstitucionalidad (Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar).
Pero Laynez se escusó de participar en base a los mismos argumentos de Palacio Nacional… y luego aplicó su “voto de calidad” como presidente de la sala, y vino el desempate: se desechó que la Ley Eléctrica 2020 que delegaba la generación y despacho eléctrico privado en base a argumentos ideológicos (soberanía, rectoría del estado, bla, bla) contra la libre competencia.
Con la decisión de la SCJN, se retoma la Ley Eléctrica de 2013, por lo que el Ricardo Mota ya no podrá negar -desde el Centro Nacional de Control Energía- a los productores privados su conexión con la Red Nacional de Transmisión: el despacho de energía se priorizará por el menor costo de generación y no por cual empresa es más patriota.
Así, los productores privados que representan casi 50% de los 87GW de capacidad nacional recuperan la certidumbre jurídica para colocar electricidad y planear nuevos proyectos.
Y nuevamente quedó en relieve la valía de un poder judicial autónomo, de la división de poderes lejos de los votos por aclamación.
@mfloresarellano