Tras la liberación militares, involucrados en el caso del secuestro y asesinato de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, polemizan el gobierno oficialista de López Obrador y los padres de los estudiantes asesinados.
Y, no es para menos. AMLO acusa a los ocho militares de estar involucrados en esos hechos, luego de unas declaraciones de un líder criminal de Guerreros Unidos. No aporta pruebas, ni hechos contundentes.
Sin embargo, el gobierno federal, en su afán de destruir la llamada “verdad histórica” del Procurador en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam. (quien se encuentra en prisión por el mismo tema), ha invertido cientos de millones de pesos en pesquisas y averiguaciones.
Por deficiencias en el armado de la investigación entregada a un juez federal, que lleva el caso de los miliares detenidos, estos llevarán el juicio en libertad, un derecho humano de no ser preso mientras se investiga un crimen. Nadie es culpable, hasta que no se demuestre lo contrario.
Sin embargo, en casos políticos, el gobierno de López Obrador, transformó esa premisa de justicia. Convirtió la llamada “prisión preventiva” en un acto mediante el cual, para darle gusto al populacho o a algunos sectores de la población, mantiene en la cárcel a algunos personajes clave de la política mexicana, mientras se llevan a cabo las averiguaciones.
Ante ello, el Presidente López Obrador, se tiró al piso y acusó al Poder Judicial de liberarlos con el fin de perjudicar al líder del Ejecutivo y enfrentarlo con las Fuerzas Armadas. Es un absurdo. López Obrador no tiene nada que ver en ese asunto, porque no es agente del MP, ni tiene nada que ver con ese asunto. Simplemente, es un ciudadano más en el escenario judicial. Tampoco es juez. Además, la carta enviada a la ministra Norma Piña, presidente de la Corte, alertando que podrían quedar en libertad los militares, es un derroche de papel y tinta. Los jueces no son como los burócratas del Ejecutivo. No responden a sus jefes. Son libres y autónomos, de acuerdo a la ley y la Constitución. La Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz es la única involucrada y que debe definir lo que en derecho corresponde
AMLO involucra a la Corte con fines políticos exclusivamente, ya que de esa manera quiere dañar a ese órgano colegiado; vénganse de ministros, magistrados y jueces, que se niegan a doblegarse a los caprichos presidenciales.
En ese absurdo cotidiano del Ejecutivo Federal, López Obrador quiere quedar bien con los padres de los estudiantes asesinados y con los militares. Para ello, usa a la SCJN. Perversiones electorales, pues.
PODEROSOS CABALLEROS… AZTECA: Grupo Salinas, se hartó de los ataques que instrumentan en contra de sus empresas, nidos de bots de la 4T, va en serio en las denuncias penales contra los que arman esas campañas de infundios, calumnias y libelos. Sobre todo, a quienes denostaron a Banco Azteca. Esta institución, como mencionamos en columnas anteriores, está más fuerte que nunca. Se trata de una de las instituciones financieras más relevantes de México, por ello tiene la obligación y el compromiso de denunciar y detener a quienes buscan destruir la certeza de nuestras instituciones. Las demandas van en contra de posibles autores intelectuales y materiales, así como quienes financian las campañas de desprestigio con recursos inexplicables. El entorno favorable a la inversión con que cuenta el país es de confianza para las inversiones y la prosperidad económica. Banco Azteca confía en las instituciones del Estado mexicano para que sobre los responsables de estas acciones coordinadas caiga el peso de la ley. Es por la vía legítima y legal que se buscará poner fin a la campaña de un pequeño grupo de individuos cuyas conductas antisociales e ilegales buscan poner en duda la solidez del sistema financiero mexicano. *** PEDRO HACES: Quien va con firmeza para lograr el gobierno de la alcaldía de Tlalpan, es el joven abogado Pedro Haces. Su historia en ese municipio es ancestral. Desde su abuelo han vivido en la zona y han realizado trabajo social. Es un joven que tiene un conocimiento profundo de las necesidades de Tlalpan y, seguramente, será el aspirante por Morena, con quien recuperarían la demarcación.
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA: Bimbo, liderado por Daniel Servitje, será patrocinador oficial de los atletas del Comité Olímpico Mexicano, de María José Alcalá, y del Comité Paralímpico Mexicano, de Liliana Suárez; durante el proceso Olímpico y Paralímpico de 2024 en París y el de Los Ángeles 2028. Apoyará, en primera instancia, a alrededor de 130 atletas que se espera formen parte de la delegación de México en los Juegos Olímpicos París 2024, así como la participación de deportistas en competencias de preparación y a aquellos que participan en los procesos de calificación a los juegos de este año.
@vsanchezbanos