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Una de las críticas de diversos organizaciones de la sociedad civil ha sido la adjudicación directa de contratos de todos tamaños por diversas áreas del gobierno federal, lo que además de eliminar la competencia abre espacio al sospechosismo.

Una perla japonesa se acaba de dar en el Banco del Bienestar donde en octubre pasado adjudicó de manera directa un contrato multianual por 18 mil millones 313 mil 360 pesos a la empresa Bahud Processing México, siendo a la fecha el mayor contrato otorgado por esa entidad de reciente creación.

El monto referido incluso es superior al que el Banco del Bienestar le asignó a la empresa Vivcolmex para la instalación de 8 mil cajeros automáticos, hasta por 10 mil 800 millones de pesos, mismo que se canceló de manera anticipada por falta de fondos.

Desde julio de 2020 el Banco del Bienestar solicitó la terminación anticipada del contrato para procesos informáticos  tras dictaminar el posible daño o afectación patrimonial.

La institución que dirige Diana Álvarez Maury no se quiso complicar a existencia y optó por la adjudicación directa para ese nuevo contrato con clave DJN-SCOF-1C.10-06-2021-050, relativo a los “Servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito con el fin de promover la bancarización y la inclusión financiera”, mismo que deberá ejecutarse del 11 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2024.

Es la primera vez en la historia de la Banca de Desarrollo que se asigna un monto de esa magnitud y se transfiere en outsourcing el 100 por ciento de la operación bancaria.

La dependencia no se sujetó al procedimiento de licitación pública, argumentando causales del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, que permiten la adjudicación cuando “No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte”, de acuerdo con información de Compranet.

Fuentes cercanas señalaron que Alfredo Orellana Moyao, asesor de la dirección General, sería el impulsor de tal adjudicación.

De acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, Bahud Processing México se constituyó apenas en 2018 siendo Alfredo José Urcuyo Fernández y Global Recash, una sociedad constituida en Panamá, como sus únicos accionistas.

Y bueno, el contrato en cuestión se suma a la investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) que denunció que durante la presenta administración gobierno federal gasta uno de cada dos pesos en adjudicaciones directas o en concursos con invitación restringida.