Convencido de que la pobreza y un
buen plato de mole de guajolote mantendrán al Covid-19 lejos del estado de
Puebla, el gobernador Luis Miguel
Barbosa, decidió aprovechar la emergencia sanitaria para reavivar su
conflicto personal con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, en
específico, con el rector de la misma, Alfonso
Esparza Ortiz.
En esta ocasión el mandatario poblano apostó por
el desmantelamiento del Hospital Universitario, al proponer un convenio
mediante el cual, los Servicios de Salud de ese estado se apropiaban de los 28
ventiladores pulmonares con que cuenta la Casa de Estudios de Puebla y hasta
del personal médico y técnico para operarlos.
Como era de esperarse, el Consejo Universitario,
algo así como el Congreso en la institución educativa, no aprobó esa cesión (¿o
agandalle?); pues representaba dejar vulnerable a una población de 25 mil
derechohabientes de la BUAP que se quedaría sin acceso a una sala de terapia
intensiva para otro tipo de padecimientos.
Pero el gobernador nunca estuvo dispuesto a
recibir un No como respuesta, pues sigue a pie juntillas las actitudes de su
jefe, Andrés Manuel López Obrador,
por lo que recurrió a la Secretaría de Salud local, que encabeza Jorge Humberto Uribe, para fabricar un
supuesto dictamen técnico en el que se definiera que la estructura del Hospital
Universitario, -por haberse construido hace unos 60 años-, no era apto para
atender pacientes afectados por el COVID-19.
Y, efectivamente, como se ha visto en los
últimos tres meses, la estructura de ningún hospital en el mundo es apta para
atender una pandemia de esta magnitud; por lo que se recurrió, -también a nivel
internacional-, a la reconversión de hospitales específicos con aditamentos
mínimos para contener el virus de la mejor manera posible.
Pero de eso, a que se pretenda desparecer un
área de terapia intensiva, dedicada a atender otras enfermedades, como lo tiene
planeado el gobernador Barbosa, hay en definitiva una abismal distancia y sobre
todo, existe también una clara intencionalidad de afectar, como se está
haciendo ya costumbre, tanto a la parte directiva como a la comunidad que
integra a la Universidad.
En principio y antes de que el presunto dictamen
de la Secretaría de Salud poblana se diera a conocer oficialmente, Barbosa
instruyó filtrar tal documento a un medio local; éste con una cercanía más que
identificada con el gobierno estatal.
Con la información ya en el aire, se envió la
propuesta de colaboración a la BUAP, en un tono en el que los Servicios de
Salud del estado saldrían algo así como al rescate de un Hospital Universitario
que, según los medios informativos oficiales, estaba al borde del colapso; por
lo que, entre las cosas que debería hacer para recibir el apoyo, estaba
prácticamente entregar toda su infraestructura de atención crítica.
Es entendible el interés del gobierno de Luis
Miguel Barbosa por apropiarse del equipo con que opera la BUAP; pues con los 28
respiradores artificiales, más otros cuatro que se han adquirido para ponerse
en funcionamiento esta misma semana, el Hospital Universitario cuenta con una
de las áreas de terapia intensiva más completa del Sistema de Salud nacional,
tanto del sector público como del privado.
Comprensible también era entonces que el Consejo
Universitario se negara a aprobar esa cláusula; no obstante que emitió su
aprobación para que los pacientes del sector público que no pudieran ser
atendidos en sus clínicas, recibieran tratamiento en las instalaciones de la
Universidad; esto en el caso específico de procedimientos ginecobstétricos, de
traumatología y de ortopedia.
Por tanto, en Puebla esperan ahora un nuevo
embate de Luis Miguel Barbosa contra Alfonso Esparza Ortiz; pues aseguran que
el gobernador tratará de responsabilizar al académico por las muertes que se
registren en el estado por el COVID-19, al grado de intentar fabricarle un
proceso de tipo penal. ¡Qué tal!
MUNICIONES
*** Vaya difusión interna tan poco profesional que hicieron llegar a manos del Rector Enrique Graue, para darle aviso de los logros alcanzados por la CUAED, -el Sistema de Educación a Distancia-, entre ellos, el que firmó la UNAM junto con Coursera, -encargada de dar los cursos-, donde todos los alumnos y trabajadores de la máxima Casa de Estudios, pueden certificarse gratuitamente durante el tiempo que dure el Covid-19. Se trata de tomar todos los cursos gratuitos hechos en la UNAM o de cualquier Universidad del mundo en la que participe Coursera con certificación gratuita también. Después, toda la comunidad universitaria en activo seguirá certificándose en la UNAM. Sin duda, el Rector Graue, -que ha tenido un papel destacado, digno de reconocimiento en esta pandemia-, tendría que revisar quién tiene la responsabilidad de la Comunicación Social o ¿por ser un anuncio interno no se merece el mismo respeto y sobre todo, profesionalismo? El caso es que, según se sabe, es Elsa Andrea Saldaña Aceves, la encargada de haber elaborado un folleto que habría hecho mucho mejor cualquier estudiante de Secundaria. Muy bueno y oportuno que el señor Rector Graue, tomara medidas.
*** El desempleo es uno de los principales problemas sociales para el Gobierno de la llamada cuarta transformación, que se agravará al aplazarse por un mes más la contingencia sanitaria, que impide laborar a la mayor parte de las empresas, no consideradas esenciales. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, informó que perdieron su empleo 346 mil mexicanos en el país, a consecuencia del Covid-19, en tanto que los organismos privados, como la Concamin, advierten que se pueden perder hasta un millón de plazas laborales, de mantenerse la paralización de las empresas. Así, en las próximas semanas, seguramente se verán desfilar a más grupos de desempleados, al seguir el cierre de empresas. Las organizaciones sindicales han tratado de buscar alternativas en el exterior para que sus agremiados no queden sin trabajo. Una de esas opciones es la industria automotriz de Estados Unidos, que se reactiva en mayo y ya solicitó pedidos a la industria de autopartes mexicana, pero con la lamentable noticia que esta está parada, señala Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Nacional Democrático Minero, además de que la minería también está paralizada y no puede suministrar metales y minerales al sector de autopartes. Los trabajadores y las empresas, ahorcados por todas partes.