El triunfo que obtuvo la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados sobre el reglamento con que el subsecretario Hugo López Gatell quiso extender -fuera de sus atribuciones- la prohibición de fumar dentro de los espacio acondicionados para ello en los centros de consumo de alimentos y bebidas, representó varios importantes logros para la sociedad civil organizada: el primer, sin lugar a duda, el de los fumadores a los que se intentó segregar al negarles la venta de alimentos y bebidas; no menos trascendente, el que una representación gremial ganase un juicio de amparo; y el acotamiento a los excesos de poder de los burócratas en turno.
Desde hace décadas era un valor entendido entre los despachos de abogacía que una cámara o asociación empresarial no podía recurrir a un acto de amparo para todos sus agremiados, sino que cada uno de ellos tendría que buscar ese instrumento de protección de sus derechos ante actos de autoridad.
Sin embargo tal paradigma fue roto iniciativa de la cámara encabezada por German González, al contratar a José Antonio Cuellar y su despacho CLG Abogados. El despacho, a través de un amparo indirecto, logró que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Distrito concediera una suspensión definitiva al quedar demostrado que López Gatell (y el titular del ramo, Jorge Alcocer) violaron la Ley General de Salud y las reformas hechas en torno al control al consumo del tabaco, excediéndose en sus atribuciones.
El daño fue, sin embargo, fuerte contra los restaurantes donde la sobremesa y las reuniones sociales son el eje del negocio, pues durante los meses que se impuso esa suerte de fascismo sanitario, las pérdidas en facturación fueron de entre 30% y 40%.
Sin embargo, ahora los establecimientos podrán reponer espacios para fumar dedicados a aquellas personas que decidan hacerlo. Ganó también la libertad de comercio.
NU no es banco… y busca al tonto del día
Todo mundo sabe que no todo lo que brilla es oro, pero cuando te ofrecen dinero gratis, es fácil morder el anzuelo. Y más aún cuando se invierte en una vistosa y colorida campaña publicitaria que pauta 42 millones de pesos mensuales. Y es que ante Banxico y la CNBV, NU México, que dirige Iván Canales, fusionó el negocio de la sociedad anónima (NU BN Servicios) con el de una sociedad financiera popular (SOFIPO) de nombre Akala que adquirió hace unos meses.
Esta operación representó una cartera de tarjetas de crédito de $11 mil 747 millones de pesos, descontando $1,500 millones de pesos de reservas para cubrir una cartera vencida de $1,679 millones de pesos. Aun cuando con esta operación se convirtió de facto en la SOFIPO con el 40% de los activos del sector, su solvencia podría ser significativamente menor a la reportada hasta en casi $2 mil millones de pesos, toda vez que las licencias tecnológicas y de marca deberían ser descontadas del capital neto.
En otras palabras esto significa que su nivel de NICAP que otorga la CNBV de Jesús de la Fuente, sería menor. La pregunta primera es ¿y dónde está la autoridad ante la entidad que fundó David Vélez? Seguro que de vacaciones. Pero el asunto no para ahí: el auditor externo determinó que los activos de NU Financiera son realmente menores, ya que reflejó indebidamente la existencia de activos generadores de valor futuro solo por el hecho de haber adquirido Akala.
Apenas hace unas semanas NU fue sancionada por la Condusef, al mando de Oscar Rosado, que su líder de producto, Miguel Ludlow, se brincó las trancas al incorpor en el Registro de Contratos de Adhesión la actualización del contrato de su tarjeta de crédito sin la autorización de la misma Condusef.
Se prenden las alertas para los usuarios y capitalista que, si invirtieron en una Sofipo de origen brasileña que se ha hecho pasar por un banco (mientras la autoridad del ramo tomaba sol), pueden enfrentar un serio quebranto tan pronto la cartera crediticia estalle y sean impagables sus obligaciones.
Canek, pasivo electoral
Es sabido el crecimiento de Adán Augusto López en las encuestas de preferencias pre electorales. Ahora, su equipo trabaja en cuidarlo de colaboradores incómodos como quien hizo deslucir sus eventos la semana pasada en Hidalgo. Se trata del exsecretario de Gobernación hidalguense y exdiputado priísta, Canek Vázquez Góngora, quien está inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios por incumplimiento de unos 900 mil pesos para la manutención de sus hijos que procreó con Marisol Cervantes.
La nueva Ley 3 de 3 le impide a Canek ejercer cargo público alguno… pero sí fuera poco, está en curso una queja ante el INE por parte de Acción Nacional, que le acusa de realizar promoción editorial indebida.
Incluso la coordinadora territorial morenista en Hidalgo, Isabel Alfaro Morales, ha sido muy clara en que Canek deberá resolver sus asuntos legales pendientes antes de realizar acciones en favor del aspirante Adán Augusto, quien hará gira por Puebla en los próximos días.
@mfloresarellano