Dice el refrán popular: Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y es que hay indicios de que Ricardo Monreal lograría destrabar el atorón para que antes de que concluya el periodo de sesiones tener los acuerdos para designar a uno de los tres comisionados Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De entrada, el coordinador de la bancada de Morena habría logrado un acuerdo con su bancada, que presentaría, en el transcurso de este jueves, a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, la propuesta para nombrar a uno de los tres comisionados del INAI, que están vacantes y, con ello, permitir que sesione con legalidad el pleno del instituto.
“Estamos intentando un acuerdo para poder lograr que el INAI pueda integrarse de manera institucional”.
Como no podemos nombrar el caso de la mujer sustituta de Ana Yadira Alarcón, detallaría Monreal, “vamos a intentar la sustitución del hombre; lo que interesa es que pueda funcionar el INAI”.
Con el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena, el líder de la mayoría legislativa presentaría un punto de acuerdo, que plantearía a la Junta de Coordinación Política, proponiendo tres nombres o uno, que se entresacaría de los mejor calificados.
La intención es que con los grupos parlamentarios avalen este mecanismo, para lograr la integración con los mejores, o tres de los mejores o cinco de los mejores, o uno de los mejores.
“Estoy elaborando el proyecto de acuerdo para hablar con la oposición, ya hablé con dos de ellos y no ven mal el proyecto para evitar tomas de tribuna o algún obstáculo en la sesión”, subrayaría Monreal.
A decir del senador de Morena, esta acción se haría en la segunda sesión; pues en la primera se harían las primeras lecturas de algunos dictámenes que ya se aprobaron en comisiones.
Pero a la hora de votar por un comisionado, que se lograría por consenso, el grupo de Morena, sepulto la iniciativa al rechazar la propuesta. Todos los legisladores del partido en el poder votaron en contra.
Después fue el caos, panistas, perredistas y priistas tomaron la tribuna senatorial y amenazan con no aprobar ninguna iniciativa y quedarse ahí en forma permanente. Claro saben que Morena irse a un recinto alterno y ahí aprobar lo que les diera la gana, menos las iniciativas con reformas constitucionales.
En el fondo les molesta a los senadores de Morena buscan desaparecer al INAI, para que nadie pueda exigir la rendición de cuentas.
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Las diferencias, por llamarlas amablemente, entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, derivadas por el ejercicio de las funciones de la SCJN, están llegando a extremos riesgosos y poco saludables para la buena gobernanza del país. Como si en nuestra ley suprema, la Constitución Política, no estuviera claramente definida la división de poderes, su competencia, facultades, atribuciones y funciones, el titular del Ejecutivo reacciona con descalificativos, cuando las resoluciones de la SCJN, no le son favorables.
La semana pasada, la Corte declaró inconstitucional el decreto por el que se pretendía incorporar presupuestal, administrativa y operativamente, la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que cayó como bomba en la 4T y desató toda clase de injurias en contra de los ministros del Alto Tribunal.
Pero habría que recordar el contexto en que se aprobaron las reformas a la Constitución en materia de Guardia Nacional en febrero de 2019, para las que, por cierto, se habría logrado una inusual unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, tras debates que concluyeron en una negociación que, según se vio, a todos satisfizo.
El acompañamiento de la oposición a la propuesta de Morena, sin embargo, se había condicionado a que la Guardia Nacional se creara como una institución de carácter civil y que la participación de las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad pública, fuera temporal. Así quedó aprobada la reforma constitucional. La Guardia Nacional como una institución de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública (Art. 21) y la participación temporal (cinco años) de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, “en tanto al GN desarrolla su estructura capacidades e implantación territorial”.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, deberá hacerse responsable de lo que le suceda al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a su familia por ponerlos en riesgo, al pretender retirar la seguridad asignada para ellos, indicó el senador Ismael García Cabeza de Vaca.
“De forma irresponsable y por revanchismo político, sin medir consecuencias, se expone deliberadamente a quien trabajó de manera incansable por la seguridad de los tamaulipecos, quien combatió de frente al crimen organizado y logró sacar a Tamaulipas de los deshonrosos cinco primeros lugares en inseguridad a nivel nacional, para convertirlo en uno de los estados más seguro, con buenos números en combate a los delitos de alto impacto, que son los que más lastiman a la población tamaulipeca”, señaló el legislador federal.
En ese sentido, comentó que Américo Villarreal y “sus nuevas operadoras en el Congreso local”, las diputadas Nora Gómez González, de Tampico; Danya Silvia Arely Aguilar, de Reynosa; Sandra Luz García Guajardo, y Linda Mireya González Zuñiga, de Matamoros, a través de una iniciativa presentada y votada el día de ayer en el Congreso de Tamaulipas, pretenden exponer ante los delincuentes, la vida del ex gobernador y sus hijos, sin miramientos, en un estado en el que en los últimos siete meses impera los robos, secuestros, extorsiones, desapariciones, muertos, feminicidios entre otros delitos graves.
Tamaulipas, dijo, ahora es territorio controlado por el crimen organizado, en complicidad con el Gobierno del estado liderado por el gobernador Américo Villarreal.
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