Dos temas ocuparon este domingo a Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría en el Senado de la República. Educación y Pacto Federal, ni más ni menos.
En el primer caso, el senador de Morena privilegió la sensatez y a la ley, pero encima de cualquier tema y, contundente, afirmó que, la importancia de la educación, como bien público superior intangible, es su calidad, no su régimen de propiedad.
Y con precisión, Monreal posteó en sus redes sociales que «por años, la educación pública y la privada se han complementado en la tarea de hacer progresar a México». Para el senador, la complementariedad de l instrucción privada debe seguir cumpliendo un fin social. Así, clarito, lo remató.
Y es que, sin mencionar por su nombre al Gobernador de Puebla y al Congreso local de aquella entidad, que desde el 15 de mayo aprobaron una nueva Ley de Educación estatal, pasando por encima de la propia norma federal -totalmente vigente-, para establecer políticas más duras al incorporar sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal, además de imponer sanciones por 440 mil pesos ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación, entre otras lindezas que violentan la normativa instruida por la Federación.
Claro, esto lo hizo el gobernador Barboza con el pretexto de la pandemia y la supuesta intención de allegar recursos para atender las necesidades sanitarias… algo que es difícil de creerse, ¡vaya, con tantas agendas abiertas, vienen ahora con esta embajada!
Con este albazo legislativo del gobierno y los diputados poblanos, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República tienen una verdadera «papa caliente» en su cancha, con un tema que en estos momentos no tiene razón para ser debatido.
El segundo tema, no menos importante, se refiere al Pacto Federal y la amenaza de siete gobernadoras de armar un frente contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Monreal Ávila, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) escribió en su cuenta de Twitter:
«Que los gobernadores constituyan un frente para fijar posición sobre políticas públicas es normal en cualquier democracia. La corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno es inevitable, y la rendición de cuentas es una exigencia ciudadana invariable para todos los niveles».
Y así es… toda democracia que se precie de serlo acepta este tipo de diferencias. Así lo acepto y reconoció el senador, «es normal en cualquier democracia».
Cabe recordar que, el 22 de mayo pasado, siete mandatarios estatales de distintos partidos políticos, conformaron un frente para impugnar legalmente las decisiones del Ejecutivo Federal y de la llamada Cuarta Transformación que afectan a sus entidades, entre ellas, la prohibición a capitales privados en la generación de electricidad a través de fuentes fotovoltaicas y eólicas.
Los gobernadores que se integraron en de manera fundacional en este Frente son, Jaime Rodríguez «El Bronco», de Nuevo León; Miguel Riquelme, de Coahuila; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; José Rosas Aispuro, de Durango; José Ignacio Peralta, de Colima; y Enrique Alfaro, de Jalisco.
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Aberrante ley de educación de Barbosa
El dirigente del tricolor Alejandro Moreno nos que comenta que la ley de educación que quiere implantar el gobernador de Puebla Miguel Barbosa es atentatoria de la educación pública y privada, además que pretende controlar la educación sí como lo bienes privados.
Por eso, nos dice que rechaza la nueva Ley de Educación del estado de Puebla, porque no representa a quienes tiene que hacerlo, quebranta el Estado de Derecho y contiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica.
Asimismo, esta legislación constituye un atentado en contra de la propiedad privada, que es un derecho fundamental y resultado directo del trabajo de las personas. México no sólo es víctima de la pandemia de COVID-19, sino también de la irresponsabilidad con que actúan integrantes del partido en el gobierno, que se ha convertido en parte del problema.
A costa de distraer la atención pública de lo verdaderamente importante, que es atender desde todos los frentes la emergencia sanitaria y económica, se lanzan propuestas que violentan los derechos humanos, destruyen instituciones y no contribuyen a cerrar la brecha de desigualdad.
La Ley de Educación del estado de Puebla es una muestra más de la arbitrariedad con la que se está legislando en todo el país. El PRI expresa su respaldo total a la decisión de sus diputados locales, de no apoyar ninguna reforma que atente contra los derechos de las personas y debilite a las instituciones.
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El diputado de Morena en DF, José Martín Padilla Sánchez, pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no suspender la energía eléctrica por falta de pago mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, porque los trabajadores y sus familias están en sus hogares y requieren el servicio para hacer su trabajo, para que niños, niñas y jóvenes tomen las clases virtuales que imparte la Secretaría de Educación Pública o simplemente tener algún medio de distracción.
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Claudia Sheinbaum presentó el primer calendario de un eventual regreso a la actividad en la Ciudad de México, ligado al número de camas ocupadas en los hospitales capitalinos y al número de contagios.
Se trata del primer calendario con especificaciones claras y precisas sobre los momentos en los que el famoso semáforo de la Secretaría de Salud puede cambiar de color.
El calendario contempla además los porcentajes de personas que pueden incorporarse a las actividades consideradas no esenciales a partir del cambio de color del semáforo.
Este es el primer calendario con acciones precisas, no generalizaciones, sobre cómo se volverá a la actividad económica a partir del 15 de junio. Es decir, a los habitantes del Valle de México, nos falta aún casi un mes para evaluar si se puede volver a la calle con las precauciones debidas.
La importancia de este calendario del Gobierno capitalino es que puede marcar el camino para el resto de las entidades federativas.
Cada estado ha propuesto medidas generales, pero la gradualidad de la reactivación económica, sobre todo de los sectores no esenciales, es la novedad en el calendario de Sheinbaum.
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Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Fonacot va a dar créditos a taxistas y comerciantes informales, algunos trabajadores de esa dependencia recibieron la instrucción de estar atentos y atender a quienes acudan a solicitar ese apoyo para explicarles que el Instituto del Fondo Económico para el Consumo de los Trabajadores no puede dar apoyos a trabajadores fuera de nómina, y que esperan que hoy se aclare en la mañanera… y si no lo aclara, que sí destine recursos a este sector que tanto lo necesita.
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Parece un poco tarde, pero ayer la Cofepris autorizó tres pruebas serológicas IgG e IgM para Covid-19, que determinan la inmunidad al virus. Dichas pruebas determinarán si alguna persona tuvo el virus, si lo tiene y ha generado anticuerpos y si lo tiene y en qué grado de gravedad se encuentra. Para dar la autorización la Cofepris realizó un protocolo junto con el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán’’ y el Tecnológico de Monterrey.
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