Se acabó la fiesta del dos de junio, el saldo de las campañas y las elecciones deja más negativos que positivos para los partidos, el árbitro y los actores políticos. Veamos.
La “Madre de todas las elecciones” pasa a la historia como una de las más violentas. La carpa política del 2024 bajó el telón con un saldo negativo de 320 hechos violentos, más de seis a la semana en promedio, entre ellos 93 asesinatos de dirigentes políticos, militantes de partidos y candidatos. La violencia política obligó a renunciar a más de mil candidatos y precandidatos de todos los partidos, así lo reveló Arturo Espinosa, director del think tank Laboratorio Electoral.
El factor miedo dominó las campañas políticas y la votación en dos vertientes. La primera fue la operación del crimen organizado que marcó y defendió su control territorial con la imposición de candidatos y el manejo de la votación el 2 de junio desde el acarreo y la orden de por quién deberían votar.
La segunda fue la amenaza del gobierno y candidatos de Morena de, que se acabarían los programas sociales si ganaba la oposición. El amago de perder la dádiva que hoy nos cuesta el 5% del Producto Interno Bruto, funcionó. Los 30 millones de familias mexicanas que se ven beneficiadas a través del presupuesto público, cedieron a la presión y privilegiaron recibir los apoyos en lugar de apostar a un México con un sistema de pesos y contrapesos en los órganos de gobierno.
Además, los partidos políticos de oposición están en la ruta de la extinción. El otrora poderoso PRI, fue reducido a su mínima representación política en el Congreso y las gubernaturas. El PAN va para allá, el senador Damián Zepeda, advirtió que su partido debe reinventarse y buscar un cambio radical, entender el mensaje que ha enviado la ciudadanía en el proceso electoral. Y el PRD, fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, entre otros, está en riesgo de perder su registro.
Así que, en este contexto, el gran reto del nuevo gobierno y de nuestro sistema político es el de generar los contrapesos que permitan pasar de las promesas a los hechos. Sobre todo, en un México marcado por el fracaso de un gobierno de izquierda que no sabe cómo resolver los grandes problemas nacionales.
Más de 100 millones de mexicanos esperan respuestas concretas y en algunos casos inmediatas al problema de la inseguridad, la violencia, la pobreza y la corrupción. El nuevo mapa político obliga a un golpe de timón a la sociedad y a los políticos. El México de la transición democrática fue sepultado por la polarización, el miedo y la dádiva.
Aunque la participación de la gente, fue importante, no se logró vencer al abstencionismo que registró un 40%. La presencia ciudadana en las urnas osciló entre 60 y 61.5% de los mexicanos en posibilidad de votar, un interés menor que el de 2018, cuando participaron 63.4% de los ciudadanos en la Lista Nominal de Electores.
Andrés Manuel López Obrador, ganó su plebiscito, con su amplia base social del padrón del bienestar. El proyecto que inició en 2021 desde la Presidencia de la República para retener el poder e instaurar un presidencialismo fuerte, se consolidó el pasado 2 de junio.
Aunque el triunfo de la morenista Claudia Sheinbaum fue claro, la elección no gozo de piso parejo. La participación e intromisión del presidente de la República; los recursos que se dispersaron en los estados gobernados por Morena; el proselitismo de los “servidores de la nación”; un árbitro (INE) permisivo y una descarada compra de votos, pervirtieron el proceso y pusieron en riesgo nuestra frágil democracia.
Basta ver la respuesta de los dueños del dinero el día siguiente de la elección, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión con una caída superior al 6%. Los inversionistas nacionales e internacionales también votan e hicieron sentir su preocupación en el mercado bursátil y cambiario donde el peso perdió terreno frente al dólar.
La preocupación por parte de los inversionistas radica en la concentración de poder que tendrá Morena desde la presidencia hacia el Congreso de la Unión (diputados y senadores) y las reformas constitucionales que puedan aprobar en detrimento de la división de poderes afectando las garantías para invertir en el país.
Al respecto, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados autorizó dar prórroga hasta el 30 de agosto de 2024, para que la Comisión de Puntos Constitucionales saque adelante los dictámenes de iniciativas pendientes, entre las que se encuentran las 18 enviadas por el presidente López Obrador, de reforma constitucional, incluida la del Poder Judicial.
Así las cosas, estamos ante una concentración de poder, como en el viejo régimen del PRI en las décadas de 1960 y 1970 cuando la oposición solo era un actor testimonial.Valdría la pena aprovechar la gran participación ciudadana para construir un nuevo diálogo político que realmente transforme al país en todos los niveles y no se límite a un proyecto personal o de partido. La ciencia política marca que la democracia es el gobierno de las mayorías.
@guillegomora