Por mayoría de votos la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
Los ministros de la Suprema Corte determinaron que el delito vulnera la libertad de expresión, la legalidad y el principio de taxatividad. Al emitir su voto a favor del proyecto, el ministro presidente Arturo Zaldívar:
Con el sentido del proyecto (…) se viola la libertad de expresión y se supera la grada de principio de legalidad o taxatividad».
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El alto tribunal invalidó tres de las cuatro fracciones del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que castigaban con hasta siete años de prisión el delito de ultrajes a la autoridad.
Además, por unanimidad se declaró inconstitucional la fracción II del artículo 371 del mismo código, que castigaba con hasta 15 años de prisión a quien vigile o comunique cualquier información sobre las acciones de las policías estatal o municipales.
Y el senador zacatecano Ricardo Monreal Ávila, considero justa y correcta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el delito de ultrajes a la autoridad.
Ahora, dijo en un mensaje que publicó en redes sociales, se tiene que luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito.
“Estoy contento, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional este delito ominoso: ultrajes a la autoridad, a través del cual se han cometido excesos y barbaridades, violaciones a los derechos humanos en Veracruz”, expresó.
Ricardo Monreal explicó que la resolución que emitió la SCJN este lunes establece la inconstitucionalidad de ese delito, lo que se traduce en la declaratoria de su invalidez, que surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de ese estado.
Esta es “una victoria de quienes creemos en los derechos humanos, una victoria de quienes luchamos por todos los inocentes perseguidos, una victoria para la gente que está detenida y que es inocente”.
Monreal Ávila detalló que la declaratoria tendrá efectos retroactivos al 12 de marzo del 2021, fecha en la que las normas invalidadas entraron en vigor; el senador refirió que “hay más de mil casos en este sentido”.
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La senadora Kenia López Rabadán exigió al Gobierno federal atender la violencia que invade las calles de nuestro país, ya que no deber ser complaciente con el crimen organizado ni permitir que a plena luz del día maten a los mexicanos.
“Lo que está pasando en México demuestra que vamos hacia un Estado fallido. ¿Y qué es un Estado fallido? Es la incapacidad de las instituciones de proveer bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando”, indicó la panista.
En conferencia de prensa recordó que este fin de semana se hizo público un video en el cual se observa a un comando armado llegando a un velorio en Michoacán y, como si se tratara de un fusilamiento, acribillaron a 17 personas en la comunidad de San José de Gracia.
“El presidente dijo que ´no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, unos restos, pero no los cuerpos´. ¿De qué sirve que todos los días se reúnan a las 6 de la mañana si al final no son capaces de saber lo que pasa en el país ni atender la violencia incontrolable?”, cuestionó la legisladora.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 37/2022 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, pues advirtió que personal médico del Hospital General Regional No. 12 (HGR-12) actuó con impericia y no consideró los datos clínicos ni de laboratorio evidentes de una púrpura trombocitopénica trombótica, con los que cursaba la víctima, por lo que no le dieron la continuidad e importancia para ser valorada y tratada en forma oportuna por un especialista en hematología y, en el supuesto de no contar con el servicio, referirla a otra unidad médica que sí contara con el recurso, lo que contribuyó al deterioro de su estado de salud y su posterior fallecimiento.
El 24 de abril de 2017, la persona acudió a la Unidad de Medicina Familiar No. 20 (UMF-20) del IMSS al sufrir de dolores de cabeza frecuentes y cólicos abdominales, por lo que se le prescribieron medicamentos. Sin embargo, al empeorar su salud, fue referida al HGR-12 donde personal médico indicó que no contaba con equipamiento para realizar el tratamiento, por lo que ameritaba traslado a la Unidad Médica de Alta Especialidad en esa ciudad, falleciendo días después.
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