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Tener una infraestructura de seguridad pública en México es un reto particular que no cualquier nación enfrenta.

La Constitución permite que cada uno de los más de 2,400 municipios del país tenga su propia red de radiocomunicación con el proveedor de su elección, a esto súmele 32 entidades y las correspondientes al gobierno federal, incluida la naciente Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR). 

Como bien lo ha explicado Ricardo Corral Luna, ex secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ex titular del Centro Nacional de Información, esto exige una política de Estado en radiocomunicación construida de la mano de las entidades y municipios para ordenar y volver funcional el actual mar de redes locales inconexas, heterogéneas y duplicadas. 

Imagine usted el caos que derivaría para un operativo conjunto entre miembros de la Guardia Nacional en una de las muchas zonas metropolitanas del país, donde también interactúan agentes de diversos municipios más policías estatales, todos con una tecnología diferente y algunos sin posibilidad de uso de banda ancha, es decir, imposibilitados para recibir geolocalización, mensajes multimedia o video en vivo. 

 De ahí lo indispensable de que dicho sistema garantice la interoperabilidad entre los protocolos como Tetra, Tetrapol o P25, y además interopere con la banda ancha LTE, para garantizar no sólo la óptima coordinación entre las diferentes fuerzas del orden, sino aprovechar todas las ventajas tecnológicas que se siguen desarrollando en banda ancha.  

Otro aspecto crucial es el blindaje de dichas comunicaciones donde un solo administrador puede otorgar diferentes alcances y posibilidades a quienes interoperan y además grabar y monitorear toda su actividad, lo que minimiza cualquier filtración o vulneración del crimen organizado. Esta tecnología ya opera en México Jalisco y Querétaro con la firma francesa Airbus SLC a través de su sistema MXLink.  

 Así, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comanda Rosa Icela Rodríguez tiene un enorme reto, la RINR es un paso correcto en consonancia con naciones como Estados Unidos, Bélgica, Francia y Países Bajos hacia un sistema funcional de comunicación de misión crítica. 

La ruta del dinero

Nada que la Cámara de la Industria de la Radio y TV (CIRT) fijó su postura en torno a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia relativa a la intervención de la autoridad en el diseño de Códigos de Etica en el sector de la radiodifusión, y el cambio de una autoregulación a una supervisión burocrática, muy al estilo de la 4T que busca imponer a los medios lineamientos informativos.

La nota es que la CIRT acudirá a instancias internacionales y solicitará su revisión ante el Consejo de la Judicatura Federal al afirmar que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información, y a los derechos de las audiencias.  Hablamos que se trata de revivir un expediente del pasado al restituir los Lineamientos de Audiencias del IFETEL de 2016  que se califica por los concesionarios como censura y que viola flagrantemente la Constitución con el riesgo que derive en excesos de las Instituciones del Estado.