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Senadores priista denuncian a Pemex por el  alquiler de 35  camionetas blindadas.  “A la brevedad, rinda un informe a esta soberanía, respecto del arrendamiento de 35 camionetas blindadas, a través de una adjudicación directa, por más de 832 millones de pesos, detallando el criterio que se utilizó para determinar la necesidad de estas camionetas blindadas, así como los detalles específicos del contrato, que justifiquen una adjudicación directa en lugar de una licitación pública, garantizando así la mejor opción en términos de costo-beneficio”.

A través de un punto de acuerdo, los senadores priístas refieren que “nos encontramos en un momento crucial donde la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares que guíen la actuación de nuestras instituciones públicas”.

Por ello, establecen que es necesario atender el gasto de 832 millones de pesos que PEMEX para la renta de 35 camionetas blindadas.

Esta asignación presupuestal, realizada a través de un contrato de adjudicación directa, ha generado una serie de interrogantes que no pueden ser pasadas por alto, pues se trata de una cifra significativa que, de acuerdo con los reportes, parece contravenir los principios de austeridad que han sido promovidos enérgicamente por el gobierno actual, agregan.

“Es imperativo que PEMEX ofrezca una explicación clara y detallada sobre las razones que han llevado a la empresa a tomar esta decisión, en especial cuando se enfrenta a una crisis financiera considerable.

 Esta decisión, que se toma en un contexto de una carga de deuda significativa que alcanzó los 1.94 billones de pesos en el primer trimestre de 2023, y que ha llevado a la empresa a buscar estrategias de refinanciamiento para su deuda millonaria, nos parece no solo imprudente, sino también contraproducente”, añaden en su documento los senadores.

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“Como senador de Jalisco exijo explicaciones inmediatas a la Secretaría de Seguridad federal por los actos violentos ejercidos por los elementos policiales federales en el Centro Médico de Occidente del IMSS”, sostuvo Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.

Las declaraciones del senador Castañeda hacen referencia a la difusión de un vídeo que se volvió noticia nacional en donde puede observarse una riña entre elementos pertenecientes a Protección Federal, corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, y personal que labora en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en Guadalajara.

“De confirmarse que un elemento federal amenazó con un arma de fuego a una enfermera estaríamos ante una situación muy delicada”, advirtió el legislador, quien adelantó que presentará un punto de acuerdo en el Senado de la República para exigir formalmente a la SSPC del Gobierno de México que brinde una explicación detallada sobre lo sucedido.

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A menos que el ex canciller, Marcelo Ebrard, tenga otros datos, suponer que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, decida aceptar sus reclamos, reconozca que no hubo piso parejo, que se cometieron múltiples irregularidades y que, en consecuencia, procede la revocación del resultado de la elección para presidir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, esto es, la candidatura presidencial morenista, resulta hasta ingenuo.

Por lo pronto, en el partido oficial decidieron tomarse más tiempo de lo establecido en sus estatutos para resolver sobre la impugnación presentada por el ex canciller. El tema se maneja con cuidado, pues se trata de evitar que la queja se salga del procedimiento interno del partido y llegue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde la dirigencia de Morena perdería el control del proceso con el riesgo de que se evidenciaran ciertas irregularidades, que, aunque no fueran suficientes para anular la elección interna, si la mancharían.

Marcelo se resiste a aceptar su derrota. Busca una salida casi imposible, en la que, sin romper con Morena, pero, sobre todo, con su fundador, mantenga su vigencia política. El tiempo y las circunstancias no le ayudan. Por lo pronto, a muchos de sus simpatizantes en el Congreso los están obligando a definirse, con la candidata oficial o el salto al vacío, porque su futuro político fuera de Morena es incierto.

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Nos hemos enterado que Ricardo Monreal considera que Morena debe cuidar con rigidez y fuerza moral el proceso de selección de los candidatos a las nueve gubernaturas.

El partido debe hacer que se respeten las reglas para evitar que se le vulnere. Prohibir el dinero ilegal, eliminar la simulación política y el favoritismo, impedir el exceso de publicidad.

Monreal afirmó que no se puede permitir que las estructuras del gobierno, en cualquiera de sus niveles, trabajen en favor de una u otra, que las dirigencias partidistas, no violenten la neutralidad.

Dijo que esta vigilancia no debe de lastimar a los fundadores de morena. Que no se manipulen las encuestas, que no se tolere la distorsión ni el engaño o la perversión en el proceso interno.

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El último día de sesiones de la Cámara de Senadores será el 19 de diciembre y, por qué no, celebrar el fin de la legislatura con un pachangón.

Eso sí, nada de corridos tumbados ni perreos, algo más tranquilo como el grupo Rebelde.

Quién sabe de qué méritos gozan los integrantes de ese grupo para ser llevados al Senado y recibir un “reconocimiento’’.

Como en el Monje Loco, nadie sabe, nadie supo, a menos que se trate de un premio de consolación promovido por Manuel Velasco, esposo de Anahí, integrante de la agrupación musical.

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En Puebla ha brincado una mujer para la gubernatura por el partido de Estado. Es Chayito, como se conoce a María del Rosario Orozco Caballero, la viuda del finado gobernador Miguel Barbosa.

La señora, según su dicho, leyó la convocatoria y concluyó: soy militante, cumplo todos los requisitos y tengo posibilidades de ganar.

Competiría con dos prospectos de primera línea, el presidente senatorial Alejandro Armenta, el operador de Claudia Sheinbaum en el estado, Julio Huerta, y quien está a la zaga de las encuestas, Ignacio Mier.

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El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, entregó ayer su propuesta presupuestaria a los diputados, e hizo una puntualización muy importante sobre el requerimiento de recursos que tanto gustan satanizar los legisladores de Morena. El magistrado precisó que el dinero básicamente se utilizará para incrementar el personal que proyecta sentencias en todo el país, pues revisan las elecciones de todo el territorio, desde regidurías hasta la Presidencia, pasando por alcaldes, diputados locales, federales y senadores. Si algún partido quisiera poner en entredicho la validez de los resultados del próximo año, habría que empezar por atar de manos al Tribunal. Lo bueno es que nadie quiere eso, lo malo es que malentienden la austeridad.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

hombresdelpoder.mx