Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el próximo domingo, México vivirá un momento clave en su historia, pues a pesar de las restricciones que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral, se afianzará la democracia con el primer ejercicio para evaluar el desempeño del Presidente de la República.
Y confió en que la consulta de revocación< de mandato se consolide como un instrumento democrático, que amplíe la participación directa de las y los ciudadanos en el ejercicio del poder público.
La revocación de mandato complementa el conjunto de instrumentos de participación política que tiene la ciudadanía, para expresar a las autoridades constituidas el grado de conformidad o descontento social en torno a su desempeño.
“Incluso, si eso implica retirar el voto que en su momento se le depositó como símbolo de la confianza ciudadana”, destacó el senador en el Seminario “Revocación de Mandato: Transformando la Democracia Mexicana”, organizado por el Instituto Mexicano del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.
Además, dijo, no hay suficiente información ni promoción del ejercicio entre los ciudadanos, que sí tienen la capacidad, autoridad y conocimiento para ejercer sus derechos.
Monreal Ávila subrayó que el propio titular del Ejecutivo Federal ha expresado que, aunque no se obtuvieran los votos suficientes para poder generar la vinculación, él aceptaría el resultado que fuera, si no le favoreciera.
“Mi pronóstico es que, a pesar de que el INE redujo las casillas que se instalarán, en una tercera parte, el Presidente obtendrá un apoyo importante”, estimado en 70 por ciento de los 15 a 20 millones de ciudadanos que voten.
Reiteró que el proceso de revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo domingo, ejemplifica con claridad la lucha “entre quienes buscamos que la democracia prevalezca en el país, y aquellos que desean no participar, que están promoviendo el voto en contra o la no participación”.
El senador destacó que esta figura se ha utilizado en países como Francia, Chile, Suiza o Estados Unidos. “México llegó tarde a esta institución, pero estamos a tiempo para profundizar nuestra vida democrática y decidir de manera directa lo que la mayoría queremos”.
Explicó que, como instrumento de participación ciudadana, la revocación de mandato trasciende la concepción pasiva de ciudadanía, que se traduce o que se reduce incluso al límite o a la emisión del voto de forma periódica, sin la posibilidad de intervenir hasta la siguiente renovación de los poderes públicos.
Rechaza denostaciones a funcionarios públicos
Nosotros no rehuimos al debate. Les queremos decir que la expresión que nosotros vimos en la televisión es correcta.
El presidente de la República, sépanlo bien, es nuestra convicción: es y será el mejor presidente que haya tenido México. Es y será el mejor presidente que haya tenido México.
Así de manera contundente, el senador Ricardo Monreal Avila intervino en la sesión de este miércoles en el Senado, para frenar los ataques ya directos, casi personales, de senadoras de la oposición y contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández e incluso a funcionarios de la Guardia Nacional.
¿Cómo se atreven a hablar sobre retrocesos democráticos, cuando fueron los causantes de todo el proceso de decadencia política, de toda la corrupción, de todo el proceso de descomposición que México vivió durante más de un siglo, gobernado por los partidos que ahora alegan que hay descomposición y retroceso democrático?
Palabras contundentes de Monreal en la tribuna, ante los senadores, las senadoras del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del Movimiento Ciudadano, vamos, del Revolucionario Institucional…
“Avalamos el comportamiento de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es un cuerpo de élite que está demostrando su eficacia y su capacidad”, dijo con claridad, incluso pausado, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional.
Si alguno de sus miembros incurrió en responsabilidad, interpongan las denuncias ante la Fiscalía y ahí, ahí es donde deben de actuar. Ahí es donde deben de situar sus observaciones. “Por eso, me parece muy clara la estrategia de deteriorar, de generar este proceso de desgaste hacia las instituciones y quienes encabezan las mismas. No lo vamos a admitir”, subrayó el Senador Monreal Avila.
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en los casos de expropiación que realice el Estado, cuando se tasa la indemnización del bien conforme al valor catastral o fiscal, se transgrede de manera directa la garantía de indemnización justa a que se refiere el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso deriva de la publicación del Decreto Expropiatorio de mayo de 2012, emitido por el gobernador de Jalisco respecto de una superficie que forma parte del predio rústico identificado como parcela, ubicado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Esto motivó un pronunciamiento sobre la forma de cuantificar el monto que ha de pagarse al gobernado como indemnización cuando sus bienes son expropiados por causa de utilidad pública, conforme a la Constitución Federal y los tratados internacionales.
La Sala ha sostenido que el derecho humano a la propiedad privada se encuentra salvaguardado en la Convención mencionada, en el que se prevé que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En tanto, la Constitución Federal reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada.
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A nombre del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa para que los jueces estén obligados a revisar la prisión preventiva oficiosa decretada en un proceso penal, cuando su duración haya rebasado el plazo de dos años y, en su caso, determinar su cese o prolongación.
El legislador destacó la importancia de hacer efectiva, desde el ámbito legislativo, la jurisprudencia por precedentes que ya estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para cumplir con este objetivo, propuso adicionar los párrafos décimo y undécimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proyecto que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
“Es relevante cómo la SCJN hace énfasis sobre el hecho de la prisión preventiva, que bajo la normatividad internacional debe ser impuesta como una medida cautelar excepcional, por lo que es obligación de los legisladores atender lo resuelto por el Máximo Tribunal”.
Debemos de legislar, insistió, para que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se materialice esta obligación porque en nuestro país, según datos del INEGI, hay 86 mil 317 personas privadas de su libertad que se encuentran sin sentencia.
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