El gobernador de Nuevo León, Samuel García, “tiene que dar la cara y dar explicaciones a la ley” sobre los desvíos millonarios que se han detectado en su gestión, advirtió categórico el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
El dirigente nacional del tricolor sostuvo que el desvío de 200 millones de pesos del Gobierno de Nuevo Lillonarioseón, dado a conocer por los medios de comunicación, fue una de las tantas razones que hicieron que el gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), abandonara su candidatura presidencial y volviera corriendo al cargo.
Dijo que se apuró a regresar a ocupar la gubernatura de la entidad “porque sabía que toda su corrupción saldría a la luz”.
A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor aseguró que cada día es más claro que Movimiento Ciudadano es el refugio de los esquiroles y corruptos.
Indicó que quienes forman parte de ese partido “le están haciendo más daño al país de lo que se pueden imaginar”.
De acuerdo con la información publicada se detectó un esquema de triangulación de recursos millonarios desde el gobierno de Nuevo León, a través del cual la administración de Samuel García hace “pagos” a un proveedor, para luego transferir esos recursos a una empresa de la cual el mandatario estatal es socio, según su propia declaración patrimonial.
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El senador Ricardo Monreal asegura que más que desaparecer los poderes en Guerrero, debe hacerse una convocatoria para resolver la problemática social para hacer que se de un entendimiento entre todos los guerrerenses y no buscar un camino que hoy no es la solución.
Previamente senadores debatieron en el Pleno la solicitud que presentaron integrantes del Grupo Parlamentario del PAN para desaparecer poderes en Guerrero.
Por Morena, el senador Félix Salgado Macedonio señaló que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene “un gran desconocimiento de, ponerse de acuerdo para la ley, pues para que proceda una petición de este tipo se requiere que no funcionen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado. Por supuesto que en esa entidad la gobernadora es un florero, pues tiene pánico de dar la cara.
Dijo que el fondo de la propuesta es la “rapiña” de quienes esperan una desgracia para politizarla. Salgado tuvo pocos argumentos para res´ponder a los legisladores de oposición, que obviamente quieren la renuncia de la hija de Féliz Salgado.
Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, acusó que ayer, a las cinco treinta y ocho de la tarde se presentó la solicitud, pero no se le dio trámite, sin explicación válida, legítima o legal alguna, lo que es absolutamente irregular.
Aseguró que la situación de ingobernabilidad en el estado ya es insostenible, y que la omisión de autoridades frente a delitos como la extorsión, homicidios y cobro de piso en Guerrero no tiene referentes y “la verdad es que el crimen organizado se ha apoderado de todo y de todos”.
El senador Cesar Arnulfo Cravioto Romero, de Morena, dijo que a la oposición no le interesa lo que pasa en Guerrero, como en el caso del huracán Otis o en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “simplemente agarran temas para hacer alharaca, pero no tienen realmente ningún interés”.
Kenia López Rabadán, senadora del PAN, consideró que, la situación en la entidad es preocupante, pues la gente tiene que tolerar a los delincuentes que se “han hecho los amos y dueños de muchos municipios”, lo que ha ocasionado que nadie pueda emprender un negocio si estos no lo autorizan.
La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, recordó que durante el gobierno panista de Felipe Calderón inició la escalada de violencia que se vive en el país, porque sin ninguna estrategia para combatir la inseguridad “mandó” al Ejército a enfrentarse con los criminales, lo que provocó la muerte de miles de mexicanos en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otras partes del territorio mexicano.
De Acción Nacional, la senadora Lilly Téllez, dijo que Morena extinguió a la Policía Federal para cumplir sus pactos con los grupos criminales; además de quitarle dinero a las policías municipales para ayudarles a esos grupos delictivos.
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Ana Lilia Rivera asegura que es un hecho un grupo de organizaciones sociales que desde hace más de diez años estamos luchando por el derecho a una alimentación sostenible y adecuada para el pueblo de México.
En el país no solamente pasan cosas que nos polarizan, también hay cosas que nos unen. Hace más de diez años empezó una discusión muy importante en México, sobre la reglamentación del derecho consagrado en el artículo 4º de la Constitución a una alimentación saana.
Pero tuvo que ser la pandemia de COVID-19, la que sacudiera a las estructuras de salud y de consciencia y de las instituciones, para acelerar el paso para la discusión de esta Ley Reglamentaria.
COVID-19 encontró a México como uno de los países con los mayores índices de obesidad en adultos y en niños; cuatro de cada diez niños y siete de cada diez adultos con sobrepeso.
hombresdelpoder.mx