Nadie pude negar que gran revuelo ha provocado el decreto que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pero hay especialistas que opinan que ello no debiera ocupar a la opinión pública ni desgastarse en discusiones bizantinas, ya que en este tema, diversos analistas estiman que se ha perdido de vista el origen del marco legal para los militares en la preservación del orden.
Si bien es cierto que el ex presidente Felipe Calderón destapó la caja de pandora e inició una guerra que provocó miles de muertes y que duró casi doce años, la actual administración propuso crear una especie de Policía Militar integrada por personal castrense y efectivos federales bajo un mando único y supeditado por un civil, en este caso el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.
Así, surge la Guardia Nacional, obviamente sin estructura, sin instalaciones ni recursos materiales, entre otras carencias. Para hacerla operar, se pensó en replicar un esquema militar que consolidara una nueva institución civil responsable de la seguridad pública en el país.
El primer obstáculo a salvar era, -a diferencia del esquema calderonista que de facto instruyó al Ejército y la Marina encargarse del combate a la delincuencia-, intentar otorgar un marco regulatorio a la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad, con el propósito de que la Guardia Nacional retomara las fortalezas de las instituciones militares como como son la disciplina, el servicio de carrera y la vocación de servicio. Ese proceso, se estima llevará algo así como cinco años.
Por eso, el año pasado se envió al Congreso el proyecto de Acuerdo que creaba a la Guardia Nacional con un artículo quinto transitorio que regula la función policial de las fuerzas armadas, la cual está regulada, fiscalizada y subordinada al secretario de Seguridad Ciudadana.
Por eso llama la atención que los legisladores, “expertos”, académicos y opositores pongan “el grito en el cielo”, toda vez que fueron los propios representantes populares de todos los partidos políticos quienes por unanimidad aprobaron ese Acuerdo ¡hace más de un año!, y en esa época no se habló de militarización, como tampoco se hace cuando esas Fuerzas Armadas participan en tareas de protección civil o de apoyo social a la población.
El argumento que esgrimen los legisladores de Morena para defender la iniciativa presidencial, es que el apoyo que hoy dan los militares, permitirá que la Guardia Nacional se convierta en la robusta institución civil que garantice la seguridad pública de todos los mexicanos y entonces se estima que los cuerpos castrenses volverán a los cuarteles.
Y como ejemplo de la anterior posición, se puede citar lo declarado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, al considerar que con el Acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no se les otorga facultades extraordinarias, sino se les regula y delimita plenamente su actuación.
El legislador zacatecano detalló que el Decreto establece las funciones únicas y excepcionales que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Agregó que el Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo, tiene como objetivo de disponer, -durante cinco años-, de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria como lo establece la Constitución y el Decreto por el que se creó la Guardia Nacional.
MUNICIONES
*** La emergencia sanitaria que está viviendo el país ha puesto en tela de juicio el actuar de los mandatarios de cada uno de los estados del país, y sus gobernados son los que al final de cuentas estarán calificando las acciones que tomaron para hacer frente al Covid-19. Inclusive, los niveles de aprobación de algunos han caído de manera ostensible, pero para otros ha operado en sentido contrario y que la población cambie su percepción y hasta apruebe su trabajo en estos momentos críticos en los que población en general se ha visto afectada. Bajo ese escrutinio al que han sido sometidos todos los gobernadores del país, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha estado dedicada a atender ese enorme reto, pues la capital del país es el epicentro de la pandemia que azota al país y ya se verá qué calificación saca. Sin embargo y en el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfush, ésta ha brindado seguridad al sistema hospitalario y cuida que los índices de seguridad no se vayan a desbordar y, seguramente dicha Secretaría ya está trabajando en lo que se tendrá que hacer después de que se levante la fase tres de la emergencia sanitaria.
*** La regresión parece ser el signo distintivo de esta llamada cuarta transformación; esa es la limitada forma que tienen de ver, -según ellos-, el beneficio del “pueblo sabio y bueno”. Por ello, más que oportuno resulta el llamado que hiciera el Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Carlos Salazar, tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a revocar de forma inmediata el tan llevado y traído «Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional», (nombrecito un poco largo, por cierto), debido a que podría encarecer la generación de energía eléctrica en el país, que ya de por sí está sufriendo una serie de carencias como producto del dudoso gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, amén de que atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. Pero ahí está la “mano negra” de la flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, que tiene tan, pero tan buenos amigos y compadres. ¡Qué tal!
*** El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, que coordina Miguel Angel Osorio Chong, advirtió sobre las consecuencias negativas que traerá la suscripción del acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es indudable que Secretaría de Energía, que con tan mal tino dirige la “aplaudida” titular, Rocío Nahle, apuesta a la regresión en materia de generación de electricidad, privilegiando el uso de carbón y petróleo por encima de las industrias extranjeras que invierten en energías limpias como la eólica y la solar. Con este acuerdo, precisan los senadores priístas, se asume el control de la generación de energía eléctrica ahuyentando la inversión privada al tiempo que se ponen en serio riego los acuerdos internacionales.