El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que si existieran errores en el Decreto que precisa los alcances del concepto de propaganda gubernamental, aprobado por el Poder Legislativo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, tiene que ser un órgano jurisdiccional el que declare inválida la norma y no el INE.
El Instituto Nacional Electoral carece de capacidad jurídica para poder declarar inválida una norma aprobada por el Congreso de la Unión.
Por mucho que quiera entrometerse en el ámbito legislativo, señaló el líder de la mayoría legislativa en el Senado, el INE no puede interpretar ni dejar de aplicar un criterio que la ley sostiene.
Monreal aclaró que, si existieran errores en el Decreto que precisa los alcances del concepto de propaganda gubernamental, aprobado por el Poder Legislativo y publicado en el Diario Oficial de la Federación, “tiene que ser un órgano jurisdiccional el que declare inválida la norma”.
Recordó que en la Constitución Política se establecen dos vías para anular o no aplicar una norma o un sistema normativo: cuando se trata de materia electoral, sólo puede hacerlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y cuando se trata de normas de carácter civil o penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal, puede declarar inconstitucional una, varias o toda una serie normativa contenida en una ley o en una reforma constitucional.
“La Corte tiene esa facultad y el Tribunal tiene la facultad de no aplicar una norma o incluso no observar un criterio cuando él considere que está en contra de lo dispuesto en la Constitución. Pero hasta en tanto no lo declare el Tribunal Electoral, la norma está vigente”, reiteró el senador.
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En tanto el senador panista Julen Rementeria, dijo que le parece que es un verdadero atropello lo que se ha resuelto con esta interpretación indebida de la propaganda gubernamental, fuera de lugar, fuera de tiempo, en medio de un proceso electoral, pretendiendo además, para mí me parece muy peligroso, poder llegar a sentar un precedente en donde algo que no les convenga solamente por tener la mayoría simple en ambas cámaras lo puedan modificar y, desde luego, violentando la norma, en este caso la Constitución, y lleven adelante las cosas, apostando a que pues la norma quede como la hayan aprobado, que por cierto, por tener una mayoría no quiere decir que tengan la razón, la pueden tener en la Cámara de Diputados, la pueden tener en la Cámara de Senadores, pero claramente en repetidas ocasiones, la Corte y distintos tribunales han dicho que no tienen la razón a pesar de que han atropellado con su mayoría lo que debiera ser la razón, el sentido común y la legalidad, así que esperemos que prospere.
Seguramente en esta misma semana quedarán depositadas aquí en la Corte las acciones de inconstitucionalidad tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, firmada por los partidos que están en este bloque de contención en ambas cámaras.
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Los datos de inconformidad contra el cierre de escuelas de tiempo completo se reflejan hasta en el partido en el poder, es decir hay gobiernos de Morena que no están de acuerdo porque saben que si será una afectación mayúscula.
En Morena con su líder Mario Delgado saben que fue un yerro de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez determinar ese cierre de escuelas de tiempo completo porque les da oxígeno puro a los moribundos de la oposición.
Ahora el PAN de Marko Cortés y el PRI de Alejandro Moreno “Alito” no les queda otra que acelerar a agitar el avispero para que repercuta en el gobierno de la 4T. Es su oportunidad.
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Los adversarios de la 4T se encuentran apurados para motivar a la ciudadanía para que no acudan a las urnas el próximo domingo 10 de abril.
Circula profusamente la convocatoria a una marcha nacional en 15 ciudades del país, fijada para el 3 de abril a las once horas, para exhortar a la población no acuda a votar el domingo siguiente.
Con el lema “No vamos a votar, terminas y te vas”, poco más de una veintena de organizaciones llaman a la población a que acuda a distintos escenarios de la república para expresar su desacuerdo con la Revocación de Mandato.
La idea es dejar en claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo para un período de poco menos de seis años y debe de cumplir con él, sin alargues ni recortes y mucho menos interrupciones.
En esta convocatoria se establecen las siguientes sedes: Aguascalientes, Cancún (Benito Juárez), Ciudad de México, Mazatlán, Saltillo, Querétaro, Guadalajara, Mérida, Monterrey, León, San Luis Potosí, Veracruz, Xalapa, Puebla y Querétaro.
Casi todas plazas que gobierna la oposición, con excepción de la CDMX, Xalapa, Cancún y Mazatlán, las demás ciudades y estados, las mantienen en su poder militantes de Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano, con excepción de San Luis Potosí, donde el alcalde fue postulado con un aliado de Morena, el Verde, pero sin aval del Movimiento de Regeneración Nacional.