El homenaje que los diputados de Morena, encabezados por Ignacio Mier, hiciera al 40 aniversario de la Expropiación Bancaria resulta perturbadora y preocupante ante la cercanía de la arenga que el próximo 15 de septiembre hará Andrés Manuel López Obrador en el palco central de Palacio Nacional: tal expropiación fue incapaz de detener la crisis financiera de aquellos años, pero detonó la llamada “Década Perdida” con altas tasas de inflación y devaluación, expropió de facto los ahorros de las familias a través del “encaje legal”, e indujo un rezago de lustros en el sistema financiero. ¿Veremos algo equivalente en materia eléctrica la semana próxima?
La expropiación bancaria también fue homenajeada por el gobierno de la CDMX, a cargo de Claudia Sheinbaum, y se le evocó como una medida para retomar el control de la rectoría del estado sobre la economía. En realidad se trató de una medida catastrófica que se trocó en su contrario: los Bonos de Indemnización Bancaria emitidos en 1982 por el gobierno de José López Portillo fueron el pilar sobre los que los ex banqueros de aquel entonces cimentaron y fortalecieron casas de bolsa que, ante la inoperancia de la banca estatizada para canalizar financiamiento al sector privado, se convirtieron en una auténtica banca paralela… hasta que, con el cambio de mareas, se capitalizaron lo suficiente como para comprar los bancos que 10 años después fueron privatizados en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Hoy día existe un consenso entre participantes de la industria eléctrica ramo de que no habrá ningún pronunciamiento expropiatorio el jueves de la semana próxima pues, a pesar del golpe propinado por el CENACE a cargo de Ricardo Mota contra la planta más antigua de Iberdrola (Enertek) que comanda Enrique Alba, dudan que el jefe del ejecutivo llegue a ese extremo y con ello retar a los gobiernos de EU y Canadá que ya lanzaron, a través de Katherine Tai y Mary Ng, las controversias comerciales contra la política energética del gobierno mexicano en el marco del TMEC.
Una expropiación sería dinamitar la conciliación que busca la secretaria de economía, Tatiana Clouthier, a fin de evitar llegar a los Paneles de Discusión que fácilmente derivarían en sanciones arancelarios que impactarían con casi 42 mil millones de dólares anuales al país.
Aunque los expertos apuestan a que privará el sentido común este 15 de septiembre, hay muchas decisiones que el actual gobierno ha tomado sin considerar el menos común de los sentidos. Veremos.
Control de precios, señal SENER
Con un acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle establece precio máximos para los verificadores de instalaciones eléctricas (en hoteles, locales comerciales, edificios públicos, estadios, escuelas, casas habitación, etc) que anteriormente tenían tarifas libres. El argumento de SENER es que de 440 verificadores existentes de esas instalaciones, 44 de ellos realizan el 40% de las revisiones, por lo que -ocupando las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica que lleva Brenda Hernández- considera que se genera una concentración capaz de establecer precios y trifas arbitrarias por falta de competencia. ¿Otra señal?
Santiago coloca en lío a Menchaca
El recién ungido gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, acaba de entrar en un brete legal con la designación de el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, como encargado del despacho del Procurador de Justicia en la entidad: la Constitución Política de Hidalgo, en su artículo 92 señala que el procurador, o quien ejerza sus funciones, debe ser hidalguense por nacimiento. Claro, con eso de que “no me venga que la ley es la ley”, igual y el nuevo gobierno hace caso omiso a su carta fundadora.