El problema toral del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es que su mayor fuente de ingresos, la Tarifa Única Aeroportuaria que representa más del 90% de sus entradas, está empeñada para el pago de los intereses y principal de los Bonos MexCat emitidos para financiar el nuevo aeropuerto de Texcoco cancelado al inicio de este gobierno. Dado que la SCHP de Rogelio Ramírez de la O no recomprará tales bonos por su alto precio en el mercado secundario y que al AICM le urgen recursos para no caerse a pedazos cuando se integre a la Secretaría de Marina, circulan ya algunas ideas… como pasar la charola entre los grupos aeroportuarios privados.
Las restricciones presupuestales -tanto las marcadas por el Congreso, como las propias resultantes de la recaudación y del gasto programado- no permitieron desde finales del año pasado realizar la recompra de los MexCat cuyo valor ha subido en casi 10 puntos base, lo que no hace aconsejable su recompra. Y el hecho de que la Marina, a cargo de Rafael Ojeda, está próxima a recibir el AICM para integrarlo al consorcio Casiopea, impone la necesidad de obtener recursos para rehabilitaciones y reparaciones urgentes de gran calado en la Terminal 1 y de manera preventiva en la Terminal 2.
Es decir, sí la orden -igual que cuando se canceló el NAIM- presidencial es que el aeropuerto capitalino se traspase vía decreto a Marina, esta secretaría necesitará mayor presupuesto y/o ingresos para acometer las tareas requeridas. Vaya, hoy por hoy, luego de dedicar los ingresos del TUA (poco más de 32 mil millones de pesos) a pagar intereses y capital a los bonistas, cobrar rentas y pagar gastos de operación corriente, al AICM le resta en promedio un saldo positivo de 200 mil pesos mensuales.
Pero en el contexto de restricciones presupuestales muy marcadas (muchas de ellas de índole electoral), se barajan algunas soluciones para conciliarles con la necesidad de inversión. Una de ellas, por ahora la más sonada en los círculos presidenciales, es la de negociar con los cuatro grupos aeroportuarios privados en el país para que asuman los 4,200 millones de dólares de los MexCat a cambio de ampliar sus plazos de concesión que ya habían recibido una ampliación de otros 50 años a principios de este siglo.
Por supuesto que no sería un acuerdo blandito: hace unos días, Andrés Manuel López calificó con tono malicioso de “negociazo” las concesiones de Grupo Asur de Fernando Chico Pardo, al Grupo Centro Norte donde manda David Martínez, del Grupo del Pacífico que dirige Raúl Revueltas y del Grupo A Toda Madre de Mota Engil.
Obvio, la presión es para que, de hacerse cargo del MexCat, los grupos privados no pretendan extender en demasía el plazo de sus concesiones y/o permitan algún tipo de beneficio para los proyectos aéreos de la 4T.
Tome nota.
Lord Pajarita, en capilla
El mundo de las finanzas está infestado de falsos profetas que promete el oro y el moro, pero a los que basta con raspar un poquito para que brote un material que ni a cobre llega. Tal es el caso de Ernesto O’Farril Santoscoy, un individuo de personalidad oscura que creó un personaje de sí mismo ataviado con una “pajarita”. Vaya, todos aquellos que han tenido la mala fortuna de asociarse a su nombre, tarde o temprano han pagado ese voto de confianza no solo con fuertes sumas de dinero, sino con intentos de difamación orquestados por Lord Pajarita. Por ejemplo, es sabido que O’Farril tiene participación en 6 empresas todas ellas asociadas a la marca Bursamétrica; curiosamente en la más exitosa, Bursamétrica Casa de Bolsa, ya no se encuentra ahí pues sus socios se desvincularon tras descubrir sus malos manejos que han derivado en demandas. Incluso, las autoridades financieras ya le tienen el ojo puesto por presuntamente estar involucrado en Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Y sí alguien por ahí se lo encuentra, mejor no le preste atención; debe hasta la camisa y en una de esas podrá pasar una temporada bajo la sombra por sus adeudos y difamaciones.
Otra quemada con Calica
Como es ya costumbre, López Obrador arremetió otra vez contra Calica, propiedad de Vulcan Materials, que comanda Thomas Hill, y cuyas operaciones fueron suspendidas indefinidamente en mayo de 2022. La propuesta gubernamental de declararla área natural protegida, o incluso de pagar las 2 mil hectáreas mediante un avalúo, pinta a otro choque infructuoso con el arbitraje internacional el cual sigue su curso y acumula más pruebas a favor de la compañía que reclama una indemnización de 1,900 millones de dólares. Al parecer la nueva ofensiva presidencia contra Vulcan no es más que una salida retórica que le propuso su consejera jurídica, María Estela Ríos, para tratar de salvar cara ante un enredo que pretendía quedarse con los terrenos para edificar un proyecto ecoturístico y controlar la terminal marítima de Punta Venado. El cálculo de quienes propusieron este proyecto no solo falló, sino que lesionó la credibilidad de México ante las empresas de Estados Unidos en México.
@mfloresarellano