Ahora que el ente antimonopolio revisa el expediente de las empresas dedicadas a distribuir combustibles se menciona a Windstar LPG como parte de otras investigaciones.
Se trata de un expediente abierto en abril en contra de la empresa de Marco Zaragoza Fuentes por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto y que se suma a las denuncias por supuestas prácticas anticompetitivas que lleva la Cofece de Alejandra Palacios.
De acuerdo con los expedientes de la UIF desde el cuarto mes de 2021 tanto la UIF como la Secretaría de Energía (Sener) como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han detectado prácticas ilegales por parte de dicha empresa por manejo irregular tanto en sus finanzas como en ventas de combustibles en los estados donde opera.
El tema interesa en Palacio Nacional ya que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a través de su conferencia mañanera en abril pasado para que cualquier práctica de las distribuidoras abusivas se tenga bajo investigaciones exhaustivas para erradicar cualquier ilícito.
Por estos hechos, las tres autoridades iniciaron diligencias en contra de la firma de Zaragoza Fuentes para detectar cualquier tipo de práctica de subfacturación e iniciar acciones en contra de Windstar.
Por lo pronto hace unas semanas la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Sener decidieron suspenderle el permiso de importador de combustibles ante la sospecha de huachicol a través de esa firma debido a que no reportaban ante la autoridad tributaria la cantidad los combustibles exactos que ingresaba al país y con ello eludir el pago de impuestos.
Hasta el momento, la autoridad se encuentra analizando todas las pruebas en contra de Windstar y de encontrarse culpable podría perder en forma definitiva su registro de importador para siempre, amen que esa firma ha sido señalada en las últimas semanas como una de las gasolineras más caras en todo el país.
La ruta del dinero
Nada que en Michoacán Silvano Aureoles ya no sabe de dónde sacar dinero para cumplir con los compromisos de la administración, lo curioso del escenario, por no decir sospechoso, es que mientras se anuncia la venta de seis propiedades estatales para obtener recursos, sigue pendiente precisar qué pasó con los 16 mil millones de pesos que se recibieron durante el sexenio vía fondos federales.
A esto añada la contratación de deuda por más de 4 mil millones de pesos que supuestamente se dedicaría a la construcción de obra pública, no obstante, medios locales han apuntado a que el mismo Congreso local consideró que los seis proyectos de infraestructura en los que se decidió invertir podrían obedecer a compromisos políticos o de pequeños grupos. Es así que bajo la lupa no solo se colocaría al gobernador, sino a su secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, sobre quien se dice que no dudará en hacer lo necesario para salir bien librado de las indagaciones.