La gobernadora mexiquense Delfina Gómez se decide a combatir a decenas de cientos de delincuentes que a través de la extorsión intimidan, agreden y consuman atentados contra miles de delincuentes.
El Estado de México ocupa primero o segundo lugar en delitos de extorsión, junto con Michoacán, Guerrero y el DF, por lo que la gobernadora Gómez anuncia que combatirá a fondo esos ilícitos.
La extorsión se convirtió en un delito de moda con posibilidades de crecer desmesuradamente, según se aprecia en los hechos recientes en el Estado de México, en los que perdieron la vida catorce personas.
Como informamos, los pobladores de Texcaltitlán decidieron poner fin a la extorsión que les aplicaba un grupo de narcotraficantes, que exigían una cuota determinada a los campesinos para permitirles sembrar sus tierras.
De la práctica de la extorsión se derivaron otros delitos. Por ejemplo, los relacionados con los linchamientos. En nuestro país esas acciones, en su mayoría promovidas por la venganza, no desaparecen.
Es totalmente ilegal aplicar la ley al margen de las autoridades destinadas para tal fin. Sin embargo, la ausencia de policías, jueces, etc., responsables de la seguridad deja sin castigo a los delincuentes que en una gran mayoría gozan de impunidad.
El delito de la extorsión se lleva a cabo en toda clase de negocios y con todas las personas. En los estados que tienen buenas ganancias en los productos agrícolas, los campesinos son obligados a pagar la cuota correspondiente.
Así ocurre con la producción de aguacate en Michoacán, donde los delincuentes obstruyen la exportación del producto. También padecen la extorsión los comerciantes que corren el riesgo de sufrir daños físicos o la destrucción de sus propiedades.
El problema surge, casi sin solución, en comunidades que forman plazas de la delincuencia organizada, pues controlan la economía de esos pueblos con la violencia que les permite la falta de autoridades.
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se recibieron reportes de Guerrero, Michoacán y Guanajuato, acerca de sucesos violentos y las secuencias de otros ocurridos anteriormente.
Esto evidencia que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no cumplió su promesa de solucionar el grave problema de la inseguridad, que ofreció resolver en sólo seis meses.
A cinco años de gobierno, y a sólo ocho meses de terminar su mandato, el único recurso del político tabasqueño para justificar su incumplimiento en esta materia consiste en culpar de la lamentable situación a los gobiernos anteriores, a los que califica de “conservadores” y “neoliberales”, cavándose particularmente con el mandato del panista Felipe Calderón Hinojosa y del que fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien resulta una víctima propiciatoria por estar preso en los Estados Unidos, pues el gobierno mexicano no fue capaz de consignarlo ante un juez penal.
Otro recurso del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación consiste en negar la evidencia. Por ejemplo, ha repetido hasta el cansancio que no hay masacres en México, cuando más admite que se trata de enfrentamientos entre bandas rivales por el control del territorio, como si eso fuera justificante para cientos o tal vez miles de muertes que han hecho del actual sexenio el más violento en la historia reciente de nuestro país.
Aquí es donde entra el tercer pretexto del político de Macuspana para intentar reducir su responsabilidad: negar las cifras de los organismos especializados. De manera destacada se puede mencionar el caso del registro de desaparecidos, que también es el más elevado en la historia reciente.
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El año electoral más importante de la historia de México, porque estará marcado porque habrá por primera vez, una mujer presidenta; falta dilucidar quién será, pero de lo que no hay duda, es que quienes viviremos esta importantísima coyuntura, nos podemos sentir privilegiados.
En materia electoral, bien vale la pena tocar un tema importante. La rectificación del Instituto Nacional Electoral, (INE), de sus acuerdos en materia de acciones afirmativas indígenas, ha provocado que en el caso de Yucatán —uno de los tres estados de Mayoría indígena—, se inicien los reacomodos políticos para poder presentar candidatos con auténticos vínculos con los pueblos originarios.
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La exsenadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, impugnó la precandidatura del emecista Jorge Álvarez Máynez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al considerar que el partido violó sus propias reglas.
“Impugné la “precandidatura” de Jorge Álvarez Máynez en @TEPJF_informa @MovCiudadanoMX viola sus propias reglas. En su convocatoria dice que hasta que se resuelvan todas las impugnaciones del proceso de precandidaturas no pueden hacer otra designación. La mía NO LA RESUELVEN”, difundió la servidora pública neoleonesa en su cuenta de X.
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la austeridad republicana resultó ser un cuento, malo, pero cuento al fin. Si no échele un ojo a lo que ocurre en Sinaloa con los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya y su secretario general de Finanzas, Enrique Díaz Vega, que tienen los recursos suficientes para contratar vuelos privados de placer y, suponemos, algunos de trabajo.
Nomás para que se den una idea, en febrero del año pasado, un grupo de 8 personas, entre ellos los hijos del gobernador, Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz, sus respectivas esposas, así como Díaz Vega y su esposa, viajaron en jet privado a Las Vegas, ida y regreso, por supuesto.
La Jefatura de Crédito y Facturación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares factura a la empresa Servicios Aéreos ACROSS S.A de C.V, que es la encargada de gestionar los viajes.
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