La “ingenuidad” de Sánchez Cordero
Históricamente, y eso debería saberlo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en política, a la ingenuidad se le llama de otra manera, así que uno de los peores errores que pudo haber cometido la responsable de la política interna del país, es decir que no sabía que la estaban grabando el fin de semana pasado, cuando le dio tremendo espaldarazo ni más ni menos que al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, con todo y su ley para poder gobernar cinco años y no dos, como lo establece la Constitución.
Con razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a la tarea de crear una “cortina de humo” para tratar de tapar la candidez de su secretaria de Gobernación e instrumentó toda aquella teoría del Golpe de Estado y en lenguaje subliminal, compararse con Francisco I. Madero y alardear de que eso no le puede ocurrir a él, porque supone que tiene el respaldo de los 30 millones de mexicanos que votaron a su favor.
Diversos analistas estiman que contra lo que ha hecho con el país el tabasqueño, lo que no puede regatearse, es que llegó a la presidencia de la República como producto de un proceso democrático, así que la posibilidad del Golpe de Estado no podría darse porque además, los mismos analistas estiman que la lealtad e institucionalidad del Ejército mexicano a su Comandante Supremo, es a toda prueba.
Sin embargo, por otro lado, hay quienes no subestiman la tesis de que existe una creciente molestia por parte de las fuerzas castrenses por los errores cometidos en el Operativo Culiacán y que se manifestaron, básicamente, en los dichos del general Carlos Demetrio Gaytán, quien durante un desayuno con altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, y en presencia del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de plano cuestionó “las decisiones estratégicas del comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y atribuyó a la jerarquía castrense la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país, coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible y de hacerlo todo con el menor costo social y la mayor eficacia”.
Lo anterior, evidentemente, causó muchísima molestia en el Ejecutivo, a grado tal que en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, López Obrador calificó de imprudente la declaración del general Gaytan. Específicamente, señaló: “tiene él (Gaytán), todo su derecho a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada”. Por cierto, no dejó de causar sorpresa que el tabasqueño hablara de mesura cuando él tampoco la tiene y dista mucho de ser una de sus cualidades.
El caso es que desafortunadamente, no sería nada raro que el general Gaytán tenga que poner “sus barbas a remojar”, precisamente, por la actitud nada mesurada del presidente López Obrador, que ha dado sobradas muestras de hacer víctima de su odio a cualquiera que él considere que está en su contra.
Bueno, retomando, aquí habría que añadir que por varios motivos, López Obrador salió con el tema del Golpe de Estado, entre otras razones, para tratar de recomponerle la plana a su titular de Gobernación quien por cierto, ayer escribió una larga carta de cuatro hojas, en un intento por enmendar su error.
No es la primera vez que Sánchez Cordero argumenta que sus palabras son sacadas de contexto. A mediados del mes pasado, al enterarse de la violencia terrible de la que es objeto el país cuando en una de sus sangrientas muestras, en Michoacán, 14 policías fueron emboscados por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, la titular de la Segob, señaló que la inseguridad se está haciendo cosa de todos los días en México.
Inmediatamente después que lo dijo, la responsable de la política interna insistió una y otra vez en que ella nunca había utilizado el término “normalidad” para referirse a la inseguridad que priva en nuestro país y subrayó que sus palabras habían sido sacadas de contexto.
Ayer y en referencia a la Ley Bonilla, Sánchez Cordero volvió a decir que “está en entredicho la constitucionalidad de la ampliación de dicho periodo”, es decir, el de Jaime Bonilla. También fue puntillosa la secretaria de Gobernación en aclarar que nunca ha mentido ni engañado a nadie. ¿Será?
«En el caso de la extensión del periodo de
gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos
acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a
nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el
análisis jurídico de sus variables legales». Luego se “hizo bolas” la
funcionaria y remató diciendo que al final, ella no va decidir sobre ese tema.
MUNICIONES
*** En la que puede llamarse la rebelión de los gobernadores, 25 de ellos tratarán de que el Fondo Minero, que en 2020 ascenderá a aproximadamente 5 mil millones de pesos, no se canalice mayoritariamente a la Secretaría de Educación Pública, como se tiene previsto en el Presupuesto de Egresos para 2020, sino que se entregue a los municipios mineros del país, y que estos construyan obras necesarias para la población, como ocurría anteriormente. En la 33 Convención Internacional de Minería, que se realizó en Acapulco, Guerrero, a fines de octubre, el gobernador de esa entidad, Héctor Astudillo así como de Durango, José Rosas Aispuro; de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y de Chihuahua, Javier Corral, aprovecharon la invitación al evento para alzar la voz y pedir la intervención del presidente López Obrador para que los recursos económicos del Fondo Minero se destinen a los fines para los que fue creado originalmente. Tello Cristerna impulsará esa petición como coordinador de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el año entrante, 85 por ciento del Fondo Minero se canalizará a la SEP, para infraestructura educativa; 10 por ciento a la Secretaría de Hacienda y 5 por ciento a la Secretaría de Economía para el impulso de proyectos mineros. Entre 2014, que se creó y 2018, el Fondo Minero distribuyó 18 mil millones de pesos. Los mandatarios estatales mencionados, más Claudia Pavlovich, goberndora de Sonora, enviaron una carta al Ejecutivo, en la que hacen saber su descontento. Casi desde que se presentó el presupuesto para 2020, Javier Corral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para que el Fondo Minero retome su objetivo de contribuir al apoyo de municipios mineros. Los recursos provienen de un pago de 7.5 por ciento sobre las utilidades de las empresas mineras.