La pandemia de Covid-19 luce imparable, los casos nuevos de contagio y de fallecimientos mantienen una tendencia creciente que, en opinión de observadores especializados, es muy grave porque ocurre justo cuando el gobierno y la gente sepultaron toda noción de confinamiento, generando alto riesgo de aceleración galopante de los contagios en diversas zonas del país.
Ante esta realidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por minimizar el grave problema de la pandemia, apostando al hartazgo de la población y de los propios medios de comunicación, en una dinámica que reduce el drama del Covid-19 a un cintillo con indicadores de contagios, muertos, sospechosos, activos, etcétera, algo impersonal, similar a los indicadores sobre el tipo de cambio, la bolsa o el precio del petróleo. Da la impresión de que el gobierno de AMLO ya fue rebasado en todas sus capacidades por la pandemia y no le queda otra más que, esperar que la providencia ayude a que ésta se mantenga dentro de los márgenes actuales, que ya son trágicos, pero que no se desborde hasta alcanzar imágenes dantescas.
El Presidente López Obrador pone en práctica una salida político-ideológica a la crisis. Tanto los daños imputables a impericias o negligencias del gobierno, como aquellos que obedecen a dinámicas externas o ajenas, el Presidente los coloca en un mismo discurso para culpar a sus adversarios de todos los males, incluso de la propia llegada del Covid-19 a México, como ya lo advirtió el subsecretario de salud Hugo López-Gatell al señalar que el virus vino del exterior traído por “los ricos” que tienen el privilegio de viajar por el mundo.
El instinto político de López Obrador lo lleva a ponerle etiqueta electoral a los graves problemas, aderezados por el asesinato de un juez federal y la reaparición de las escenas de terror en Guanajuato, Guerrero y Sonora. Será difícil que la oposición partidista, la oposición social y los adversarios de López Obrador y MORENA resistan esta estrategia de encasillar la crisis en la arena político-electoral, porque los principales actores lucen débiles y desarticulados: en el caso de los gobernadores y los empresarios, el propio Presidente ya dijo que los mantendrá a raya, dejando ver que utilizaría los instrumentos de control que tiene desde Hacienda y, si fuera necesario, desde la Fiscalía.
En este contexto se inscribe la embestida de López Obrador contra organismos públicos cuyas funciones implican contrapesos o vigilancia de las acciones del Ejecutivo. Esta semana se sumaron el CONAPRED, y la CEAV, que son garantes de derechos humanos fundamentales, a la lista de dependencias que tiene fuertes lazos con la sociedad civil y que el gobierno federal piensa desaparecer, bajo el argumento de la austeridad y el presunto elitismo de esos organismos, pero sin garantizar que las funciones cruciales de esas dependencias tengan continuidad.
La “cereza del pastel” la lanzó el presidente López Obrador este lunes al señalar que él será “el guardián” de las elecciones del 2021. Es decir, el Presidente, ante los 22 mil muertos y casi 200 mil contagiados por Covid-19, frente a la caída de la economía y la pérdida de millones de empleos, inicia la semana advirtiendo a todo el mundo que su prioridad será vigilar que en las elecciones nadie se mueva, excepto él mismo, nadie defina prioridades o demande soluciones, salvo las que coincidan con sus objetivos políticos. De paso, lanza la amenaza al IFE y al TRIFE, para que no se anden por las ramas y acepten, de facto, que López Obrador será la máxima autoridad (anticonstitucional) para decidir la validez de las elecciones 2021.