El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público Federal y Alejandro Gertz Manero, así como los recursos de revisión adhesiva interpuestos por Laura Morán y Alejandra Cuevas, en contra de las sentencias de amparo, en las que se concedió la protección constitucional a estas últimas para efectos y para que se corrigieran vicios formales.
De acuerdo con lo fallado en la sesión del pasado 14 de marzo, el Pleno procedió a analizar el fondo de los asuntos, a fin de determinar si la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de las quejosas, son constitucionales.
Y si se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las quejosas en el delito de homicidio doloso del señor Federico Gertz Manero.
La Corte determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas, son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ello, simplemente la jueza aceto que el ministerio Público inventara delitos que no existe en el Código Penal.
En el caso de la señora Laura, luego de analizar las pruebas del expediente, el Tribunal Pleno determinó que la quejosa procuró, de acuerdo con sus posibilidades, atención y cuidados a su pareja, pues confió su salud a personal técnicamente preparado para ello, por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de “comisión por omisión”.
Y en lo toca a Alejandra, la Corte concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento del señor Federico Gertz bajo la figura de “garante accesoria”. Ello, pues se trata de una figura inexistente en la ley; además de que, si bien colaboró con su madre en algunas de las tareas de cuidado, no existe evidencia alguna de la que se desprenda que la quejosa aceptara hacerse cargo del enfermo, tomara decisiones sobre sus cuidados o siquiera habitara con el occiso.
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Morena niega recursos a diputados migrantes para atender necesidades de mexicanos en el extranjero, lo que demuestra que poco le importan los connacionales que emigraron a Estados Unidos por falta de oportunidades en su país. Pero son igualmente correspondidos.
El diputado Raúl Torres, licenciado en Relaciones Internacionales, dijo que “Morena se niega a darnos los recursos que nos corresponden como Legislativo y una prueba de ello es que hemos buscado a la titular de Finanzas, Luz Elena González, sin ningún resultado.
El legislador señaló que ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel López Obrador les son atractivos en este circo de la Revocación de Mandato; “los mexicanos y mexicanas en el exterior no participamos en este circo, solo el 3% se ha registrado de las 450 mil que hay con INE residentes en el extranjero”, destacó.
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La grilla por la candidatura al Gobierno del Estado de México comienza a calentarse. Una de las precandidatas es la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, a quien sus enemigos “enfermaron’’ hace unos días.
Mal se ven los aspirantes a la candidatura mexiquense por parte del PFRI, pues su presencia se ha ido perdiendo a pesar del voto rosa que ha impuesto el gobernador Alfredo del Mazo.
La funcionaria no estaba enferma; se ausentó solo 11 días para dar a luz a sus gemelos, pero ya está de vuelta a la actividad…y a la lista de aspirantes.
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Al Gobierno más ambientalista de la historia, según su propia definición, no le interesan las voces que advierten del daño irreversible que sufrirá la red de cenotes y ríos subterráneos si se mantiene el trazo del tramo 5 del Tren Maya que llegará a Tulum.
Así como el Gobierno de la 4T se declaró el más feminista de la historia y ha hecho lo posible para perjudicar a las mujeres con decisiones administrativas, ahora descalifica a quienes le piden reconsiderar el trazo para no afectar (más) al ecosistema.
“Son pagados’’, dice el Presidente, porque se oponen a un proyecto de cuestionables beneficios para el sureste.
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La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge solicitó que se investigue y sancione a los responsables de las irregularidades encontradas por alrededor de mil millones de pesos, en la Cuenta Pública del 2020 del Gobierno del estado de Baja California, 200 millones de pesos corresponden al Ejecutivo estatal, y el resto a los municipios de Tijuana y Ensenada, correspondientes al periodo del exgobernador, Jaime Bonilla Valdez.
La legisladora por Acción Nacional informó que presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California para que investigue a detalle y lleve a cabo las sanciones administrativas y penales que se deriven de las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública del año 2020, del Gobierno de dicho estado.
Gina Cruz destacó que la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, encontró múltiples y serias irregularidades en materia de ejercicio del gasto federalizado durante la administración de Bonilla Valdez.
“El monto total de las irregularidades detectadas asciende a más de mil millones de pesos, lo que representa un considerable daño al erario. Tan sólo en lo relativo al Gobierno del estado se han detectado irregularidades por más de 200 millones de pesos, de las cuales, un alto porcentaje corresponde al sector salud; estas irregularidades son particularmente graves en un entorno de pandemia que ha causado muerte y dolor en el estado”, señaló Cruz Blackledge.
La tercera entrega del Informe de la Auditoría documentó 198 millones de pesos en el sector salud, expuso.
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