Una vez más las autoridades responsables de la migración en nuestro país intentan controlar, evitar y hasta detener el flujo de indocumentados que por miles arriban a México en busca de alcanzar el “sueño americano” de la forma que sea. Aunque les cueste la vida.
El caso más reciente, la tragedia de Chiapas, en la que murieron 55 migrantes, luego de volcar el tráiler que los transportaba. Eran parte de las más de 160 personas, principalmente de Centroamérica, que viajaban hacinados en condiciones infrahumanas y que soportan en sus intentos por llegar a Estados Unidos.
Los migrantes se han convertido en “carne cañón” para los grupos del crimen organizado y de tráfico de personas. El uso de camiones para transportar a grandes grupos de migrantes escondidos no es nuevo. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ha rescatado a 35 mil 143 personas migrantes de diferentes nacionalidades en 446 salvamentos masivos llevados a cabo en 21 de las 32 entidades del país, entre el 25 de enero y el 9 de diciembre de 2021.
Sin embargo, los grupos detenidos son mínimos en comparación de cuantos consiguen llegar a la frontera en lo que supone «un negocio millonario» no solo para los traficantes de migrantes sino también para autoridades implicadas, desde las policías municipales, estatales, federales, militares y personal de migración.
El viacrucis de los centroamericanos comienza en sus lugares de origen. Primero para obtener el dinero que les permita llegar a la frontera sur con México, luego cruzar por lancha o por la selva, para poder subir al tren llamado La Bestia, donde los delincuentes cobran cuotas de hasta cien dólares para abordar o contratar los servicios de un “pollero” que los conduzca a su destino.
Es un negocio multimillonario, donde la corrupción y la impunidad permea entre todas las corporaciones e instituciones. Los migrantes nacionales y extranjeros viven la peor pesadilla por todos los obstáculos que tienen que sortear desde que salen de sus hogares, incluido el plagio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo público un informe en el que asegura que al menos 70 mil migrantes fueron “víctimas de tráfico y secuestro en México” entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020.
Según el documento, los operativos contra el tráfico de migrantes “han aumentado en promedio en 600%” y “las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas”, y que las personas más afectadas son de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
De acuerdo a los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Las autoridades mexicanas han detenido a 228.115 migrantes y deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, con lo que se acerca a cifras no vistas en más de 15 años. De los migrantes detenidos, más de una quinta parte, 48.707, son menores de edad, aunque solo 1.124 se consideran no acompañados.
Como si no fuera suficiente, el gobierno de México aceptó nuevamente ser la sala de espera del “Tío Sam”, a través del programa “Quédate en México”. En entrevista para MVS Noticias, el doctor Tonathiu Guillen, ex comisionado del INAMI, me dijo:
“Esto implica una desviación a la propia legislación de Estados Unidos, nos toca recibir una cantidad muy grande de personas que estaba esperando su estatus de refugio, en un daño jurídico a sus derechos y también a sus condiciones de vida y de su entorno.”
El ex comisionado considera que este programa no es la salida adecuada, “el propio gobierno de Biden, antes de entrar, lo calificó como un programa inhumano e ilegal.”
Por cierto, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, informó que citarán a comparecer a los responsables del Instituto Nacional de Migración y de la política migratoria, para que expliquen qué están haciendo y evitar tragedias como la de Chiapas.
Así las cosas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá cumplir con la exigencia estadounidense de ser el muro de contención de la migración desde Centroamérica. ¿O se atreverá a decirle que no?
Vericuentos
Estudiantes CIDE al Senado
Ante la indolencia de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, por tercera ocasión la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) convocó a una marcha pacífica para manifestarse contra la designación de José Antonio Romero Tellaeche, director general de Centro. Dirigen sus pasos al Senado de la República. La Asamblea del CIDE marcha “Por la libertad académica y la autonomía universitaria”, que la última vez reunió a más de mil personas. El objetivo, dijeron, es que legisladores pidan cuentas y exijan a los servidores públicos tanto del CIDE, como del Conacyt, que se respete el diálogo horizontal con estudiantes, sin imposiciones para avanzar en mejoras en el centro. ¿Encontraran respuesta a sus peticiones? #YoDefiendoAlCIDE
¡Felices Fiestas!
Estimados lectores y compañeros de Diario Imagen, al cierre del 2021, agradezco su confianza y tiempo para este Caleidoscopio. Deseo que 2022, sea un año pleno de salud y éxito. Nos leemos el próximo 11 de enero. ¡Gracias! @guillegomora