Desde Bucareli llegó la orden a San Lázaro, a la oficina de Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, para frenar el proyecto de Ley Minera que puso en jaque las inversiones por miles de millones de dólares. Algo parecido intento ser operado en el Senado. El titular de esa dependencia pretende meterse en todo. Y lo hace mal.
El proyecto lo había intentado por segunda vez, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien están vengándose de empresarios mineros que lo persiguieron “justificadamente” por fraudes cometidos contra rabajadores mineros.
Sin embargo, ese proyecto aprobado por los diputados de Morena, es un gazapo indescriptible, que en lugar de defender los intereses de los mineros, quienes viven en condiciones infrahumanas, aniquila sus fuentes de trabajo y no tendrían una fuente de donde sacar dinero para sobrevivir.
Era tan impactante esa ley, que provocó que el gobierno de Canadá externara su preocupación por las propuestas de reforma a la Ley Minera de México, ya que afectaría las inversiones canadienses en el sector minero del país.
Esto lo destacó la ministra de Comercio Internacional de nuestro segundo socio comercial, Mary Ng, en una llamada a la titular de Economía, Raquel Buenrostro. Ng alertó que la reforma a la Ley Minera, también pone en riesgo la competitividad del bloque de Norteamérica y la resiliencia de las cadenas de suministro.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), resolvió en días pasados que Alejandro Moreno Cárdenas podrá continuar en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta el 2024, lo que lo coloca en un momento trascendental para el país, la elección presidencial del próximo año
De los tres partidos que integran Va por México, el más débil es el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Quizás sus condiciones de organización política pequeña el mayor interés de sus dueños, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, Los Chuchos, es el de mantenerlo con vida, al precio que sea.
El PRD no tiene poder de maniobra y se concretará a recibir órdenes de los panistas y priistas.
Y como la unidad será muy importante en los próximos comicios, llama la atención que el partido Movimiento Ciudadano, propiedad de Dante Delgado, busque participar en las elecciones presidenciales, lejos de cualquier alianza.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó para el próximo lunes, 8 de mayo, la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos en el juicio que se lleva a cabo en el máximo tribunal del país por el desafuero del secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco.
De acuerdo con los registros públicos de la SCJN, esta comparecencia se llevará a cabo a las 11:00 horas y se realizará por medio del sistema de videoconferencias, a través de la plataforma Zoom.
Para dicha audiencia están convocados tanto representantes del Legislativo como del Ejecutivo de Nuevo León, aunque los acuerdos del máximo tribunal del país no especifican quiénes estarán presentes.
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El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para prohibir a éstas solicitar acceso a la información privada de los usuarios y castigar hasta con nueve años de prisión, a quienes cometan ilícitos al ofrecer servicios financieros a través de redes sociales o servicios por Internet.
De acuerdo con el dictamen que promueve el diputado Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, así como el priista Yerico Abramo Masso, se evitará que los usuarios sean víctimas de actos delictivos a manos de agentes financieros que no cuentan con autorización para operar como tales.
Asimismo, se fortalecen y garantizan los derechos de los usuarios de los servicios financieros y se evita el uso de su información personal para extorsionarlos agravando la pena de prisión correspondiente cuando el acto delictivo se cometa a través de internet o plataformas digitales.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Melgar Bravo, consideró que lucrar con la necesidad de las y los ciudadanos en el momento de crisis financiera e inflación es algo que no se puede permitir y, si bien existen normas jurídicas que tutelan la seguridad y la integridad de las personas, es necesario ampliar el marco legal para ponerles mayores límites a estos actos contrarios a derechos y de perjuicio público.
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hombresdelpoder.mx