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Después de que Pepe Yunes se registró ante la autoridad electoral como candidato a la gubernatura de Veracruz, Alejandro Moreno, dirigente del tricolor aseguró que los priistas no llegan a improvisar, sino a ganar y a devolverle el rumbo a la entidad, que hoy tiene un gobierno extraviado y vive una situación insostenible de violencia.

Sostuvo que el gobierno de Cuitláhuac García es el más claro y crudo ejemplo del autoritarismo y la represión con la que opera Morena. 

En ese sentido, anunció que para acompañar a Pepe Yunes en la obtención de un triunfo contundente en la elección del 2 de junio, estarán la senadora Beatriz Paredes Rangel como Secretaria Regional y el diputado federal Rubén Moreira Valdez como Responsable de los Distritos Federales y de la Fórmula al Senado en Veracruz.

En ellos, dijo, recaerán las labores generales de coordinación de las cinco zonas en que se ha dividido la entidad para la estrategia electoral.

De esa manera, informó que el ex gobernador Miguel Alonso Reyes será Responsable de la Zona 1; Ignacio Peralta Sánchez, de la Zona 2; Graciela Ortiz González, de Zona 3; Xitlalic Ceja García, de la Zona 4; y Pablo Angulo como Responsable de la Zona 5.

Asimismo, indicó que Bryan Mendarozqueta fungirá como Coordinador del CEN de la Campaña de Jóvenes.

 Alejandro Moreno señaló que todas las expresiones del priismo veracruzano han cerrado filas con las candidatas y los candidatos del partido, y argumentó que Pepe Yunes cuenta con el respaldo absoluto del PRI.

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Las Cifras de personas desaparecidas irreales

Las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, quedaron registradas en la historia del país como las más competidas. La victoria correspondió al candidato del PAN, Felipe Calderón, sobre el candidato de la Coalición por El Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia), Andrés Manuel López Obrador, por una mínima diferencia de poco menos de 250 mil votos (.56 por ciento). El resultado fue rechazado e impugnado por la coalición de izquierda, alegando fraude electoral, que no pudo probar.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró válida la elección, reconociendo el triunfo del candidato panista, fue calificada por el candidato de la coalición de izquierda como “una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado.”

18 años después y con motivo de su sucesión presidencial, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a hacer alusión a un posible fraude electoral y a la amenaza de un golpe de Estado, solo que las condiciones y circunstancias son muy distintas a las de 2006. Ahora, López Obrador está del otro lado de la mesa. Es el jefe de Estado y de Gobierno, el mismo que, desde la tribuna presidencial, acusa a la oposición de estar tramando estas acciones, con apoyo del Poder Judicial y las autoridades electorales.

Un golpe de Estado técnico, le llama, porque en una guerra sucia, refiere, los jueces le impiden ejercer su derecho a la libertad de expresión y, muy activos, afirma, están elaborando una lista de todas las infracciones que cometa durante el desarrollo de las campañas electorales, y tener elementos, especula, para decretar la nulidad de la elección presidencial.

Una declaración temeraria, sin duda, porque acusa al Poder Judicial, sin mayores elementos de prueba, de estar coludido con la oposición política en una conspiración en contra de su gobierno. Y todo porque, en ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales han dictado medidas cautelares en su contra por sus múltiples y frecuentes violaciones a los ordenamientos constitucionales que obligan al jefe del Ejecutivo a actuar con neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral.

La ley prohíbe a los funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República, a intervenir a favor o en contra de partidos o candidatos, además ordena la suspensión de toda propaganda gubernamental durante el período de las campañas electorales. Pero, según se ve, el Primer Mandatario no está dispuesto a respetar estas prohibiciones, porque las considera una censura que atenta contra su libertad de expresión.

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En el pasado debate de los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la abanderada de Morena y rémoras, Clara Brugada, dijo un par de veces que quería una ciudad capital de clases medias y después de eso, lo ha venido repitiendo en cada evento que lo encabeza.

Lo anterior va en contrasentido de lo que a lo largo de su gestión ha venido diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un abierto rechazo a las clases medias y especialmente a los aspiracionistas; a los dos sectores los desprecia.

Ahora bien, la candidata presidencial de la coalición, “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, ha declinado invitaciones que le hacen empresarios a participar en diversos foros, aunque mucho se comenta en los círculos políticos que “por debajo de la mesa”, en privado, sostiene importantes encuentros con integrantes de este sector y las secuelas se verán en el corto plazo. ¿Será?

En Palacio Nacional, no deja de llamar la atención esa guerra que tanto su inquilino, como miembros de su partido, Morena, han emprendido contra Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas desde hace tiempo, pero más recientemente, porque el empresario señaló un presunto desvío de dinero de los programas de la Secretaría de Bienestar.

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Las cifras de las personas desaparecidas en México nos muestran la incapacidad de las autoridades para terminar o detener el problema que afecta a la población mexicana. Quienes gobiernan poco o nada les importa el daño que produce en las familias ante la pérdida del padre o hijo.

Según se informó en la conferencia de prensa mañanera. Son en total 99 mil 729 desaparecidas no localizadas desde 1962. De enero a marzo de 2024 se localizaron 20 mil 193 personas. La tragedia alcanza a las familias mexicanas que buscan a sus seres queridos.

Grupos de hombres y mujeres se unieron en la búsqueda de sus parientes y amigos. La pésima estrategia para la localización de los ausentes en diversas circunstancias mostró su ineficacia. Son los propios buscadores o buscadoras las víctimas de la delincuencia organizada.

Ya se hicieron comunes las imágenes de los familiares que buscan algún rastro de los desaparecidos en cementerios clandestinos. Quizás es necesario y urgente la aplicación de métodos más efectivos para los procesos de búsqueda.

También es importante que las autoridades muestren interés total en la localización de las personas desaparecidas. Las carpetas no deben terminar en los archivos.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

hombresdelpoder.mx