La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, consideró que las mujeres no deben olvidar que el poder se ejerce con humildad, al servicio de la gente, de los grupos más vulnerables y pobres, pero, sobre todo, para las mujeres que enfrentan mayor desigualdad.
Expresó que “no por haber tenido ya el derecho a la paridad se ejerce la paridad en el poder”, pues persisten los obstáculos para desempeñar las funciones o administrar los recursos en los cargos de toma de decisiones.
Además, enfatizó la legisladora, es necesario profundizar la democracia para que, a las regidurías, presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y senadurías “lleguen las más preparadas, las más capaces, las mujeres que se merezcan esos espacios”.
Se trata de una deuda que todavía tienen que “facturar” los partidos políticos, enfatizó Ana Lilia Rivera en la conmemoración del “70 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, el pasado 23 de octubre.
“Sería muy frívolo y banal festejar sólo a quienes hoy ocupamos un espacio, gracias a la lucha de otras, porque si estamos aquí es por las que lucharon antes de nosotras, por las que luchan y por las que lucharán”.
En este sentido, la legisladora hizo un llamado para que las que ejerzan el poder no permitan la simulación, la frivolidad, el sometimiento, la subordinación ni la corrupción. Además, destacó la importancia de aprobar la Ley de Cuidados, pues no es justo que sólo las mujeres tengan que cuidar a los enfermos, a las personas con discapacidad o las de la tercera edad.
Dijo que también es necesario avanzar en los derechos de las personas de la diversidad sexual, de las niñas y niños que siguen siendo explotados sin misericordia por la trata de personas.
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Los Derechos de la Gente a la Alimentación
La legislación específica sobre el derecho a la alimentación en México es una tarea pendiente del Congreso desde el 2011, año en el que se reformó la Constitución para reconocer el derecho de toda persona la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, según un documento realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El análisis sobre la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, señala que esta ley reconoce el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todo momento, a disponer de alimentos para consumo diario y a tener acceso a alimentos inocuos y de calidad que satisfagan las necesidades fisiológicas en cada ciclo vital.
Además, ordena que las dependencias de gobierno realicen al menos el 15% de sus compras de alimento e insumos primarios a productores de pequeña y mediana escala.
Por otro lado, se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por los seres humanos.
De acuerdo con el estudio del IBD, la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible implica una reorganización institucional sin erogaciones adicionales de presupuesto y destaca que considera la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones referentes al derecho a la alimentación, por lo que parece viable su aprobación.
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La Cámara de Senadores aprobó una reforma para fortalecer los programas de Protección Civil y los Atlas de Riesgos, documentos que buscan prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos naturales.
Con 94 votos a favor, la Asamblea avaló el dictamen que modifica el artículo 82 de la Ley General de Protección Civil, en su sesión del miércoles, 25 de octubre.
La propuesta plantea que el Gobierno federal, con la participación de las entidades federativas, además de la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica, concentre la información sobre factores de riesgo químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo presentes en las distintas regiones del país.
En el documento, las y los senadores destacaron que dicha información es importante para la elaboración de los programas de Protección Civil, así como para los Atlas de Riesgos que elaboran los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia.
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la incapacidad de altos funcionarios de la República, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de llegar al puerto de Acapulco y otros sitios afectados por el embate del huracán “Otis” resulta difícil atribuir esas fallas a incapacidad, para dar paso a la sospecha de acciones u omisiones premeditadas. En menos de una hora los funcionarios públicos, bien pudieron haber llegado a la Base de Icacos o a la zona militar, abordando helicópteros, pero se optó por la fotografía, durante más de doce horas la gente no sabía lo que sucedía en Guerrero.
Ahí en Acapulco la gente no tuvo opciones, aunque no se puede culpar a las autoridades porque Otis, llegó de improviso y la destrucción llegó en forma brutal. En otras ocasiones en ningún momento dejó de fluir la información acerca de la estimación de daños y de los sitios donde era más urgente la ayuda. Hoy las cosas han cambiado.
Antes, en los desastres, las fuerzas armadas utilizaban una red de radiocomunicación inclusive se rescataron teléfonos de campaña, de esos a los que se debe recargar mediante una palanca que da vueltas. Estos aparatos fueron puestos a disposición de nosotros, los periodistas, para que pudiésemos dictar nuestras informaciones hasta la Ciudad de México.
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