El país llega en circunstancias complicadas a las elecciones de junio próximo pues hay un ambiente de polarización política y social, atizada durante cinco años, desde el primer día de gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
El organismo encargado de la organización de los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE), golpeado en su presupuesto, disminuido en su autonomía y sometido a fuertes críticas y presiones y, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), responsable de resolver controversias en materia de comicios, con divisiones internas e incompleto en su integración, cuando falta sólo poco más de cuatro meses para la fecha de la jornada electoral.
En estos comicios estarán en juego 20,367 cargos de representación popular, federales, estatales y municipales. En el primer caso, está la renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión, 500 diputados y 128 senadores. A nivel estatal, se elegirán gobernadores en 8 entidades (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la jefatura de Gobierno de la CDMX. Habrá elecciones para diputados locales en 31 estados del país, solo en Coahuila no, y relevo en Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías de 30 entidades, excepto en Durango y Veracruz (INE).
La lista nominal para las elecciones del 2 de junio asciende a 97,642,599 electores, lo que representa una cobertura de 97.76 por ciento del padrón electoral. Se instalarán 170 mil casillas en las que participarán un millón y medio de funcionarios. Para la organización de estos comicios, el INE destinará 10 mil millones de pesos, para los órganos electorales, 12 MMP, y por concepto de prerrogativas, se entregarán a los partidos políticos 10 MMP. Por primera vez, las máximas autoridades electorales, el INE y el TEPJF, están presididas por dos mujeres, Guadalupe Taddei y Mónica Soto, respectivamente.
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El senador chiapaneco Eduardo Ramírez dijo que aunque, la ley se pensiones se derogó en el año de 1997, siendo el Presidente Ernesto Zedillo, se hizo una reforma profunda sobre este asunto.
Sin embargo, hay algo que, coincido plenamente con el Presidente López Obrador, no es posible que quienes se jubilan, se vayan devengando un salario menos del que ganaban en sus actividades laborales.
Yo creo que va a ser un debate profundo. Habrá quien diga que es con daño a la economía; otros que se atenta contra la estabilidad financiera; y los que pensamos que es un tema justo, creo que la vamos a impulsar, porque los trabajadores de México han tenido durante décadas, hasta esta Legislatura, se reformó lo que se conoce como el outsourcing, ahora en la denominación mexicana, la subcontratación.
Entonces, ahí hubieron resistencias por parte de las cámaras patronales, también de los sindicatos y evidentemente, esta reforma será una ley secundaria. Creo que hay algunos grupos parlamentarios que la van a acompañar; si quieren hacer una reforma más profunda, tendrán que reformar el artículo 123 constitucional y en el que el presidente, en cuanto tenga el contenido de la iniciativa, no la conozco en sus términos, pero la vamos a esperar.
Si llega con anticipación algunas exposiciones de motivos, que a veces cruzamos como Grupo Parlamentario de Morena, con la viabilidad de poder transitar algunas iniciativas que vienen del Ejecutivo.
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Las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República tienes la obligación de asistir a los tres debates oficiales organizados por el Instituto Nacional Electoral.
Por seis votos contra cinco, el consejo general admitió la propuesta de la consejera Norma de la Cruz, cuyo sentido también había planteado Morena.
En principio se confirman las tres fechas y sedes para la realización de estos ejercicios: el primero, el 7 de abril, en las oficinas centrales del INE; el segundo, el 28 del mismo es en los Estudios Churubusco, y el tercero, el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco.
“Yo sí considero que los tres deberían ser obligatorios, yo creo que sí tienen la obligación de participar en todos y cada uno de los debates. Sin candidatos y candidatas, por más que la autoridad organice un debate y los medios de comunicación los transmita, pues no habría debate”.
Estos debates – añadió- han contribuido a la construcción de una ciudadanía más crítica, con mayores elementos que le permitan decidir a quién delegarán el poder político el día de la jornada electoral.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue inmerso en una profunda crisis en momentos nada recomendables y no sólo porque se quede con 11 de los 16 magistrados requeridos, lo que le facilita al presidente Andrés Manuel López Obrador extinguirlo. Menos aún que por decreto, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, haya dicho cuando asumió esa posición que era hora de “dar vuelta a la hoja” a los conflictos que vivió dicho Tribunal.
Durante su sesión de ayer, esa instancia judicial demostró que hay magistrados afines ni más ni menos que al inquilino de Palacio Nacional.
El caso es el de Felipe de la Mata, que por cierto apoyó a Soto en su búsqueda por la presidencia del Tribunal, al frenar una multa por 68 millones de pesos en contra de Morena, por las irregularidades contables en el proceso interno donde fue electa quien fuera la “corcholata” consentida Claudia Sheinbaum, durante la contienda interna del partido guinda.
Poco antes de llevarse a cabo la sesión de la Sala Superior, el magistrado Reyes Rodríguez, —contra quien Mónica Soto y compañía enderezaron sus baterías para quitarlo de la presidencia del TEPJF,— puso en entredicho la propuesta de bajar el referido proyecto del orden del día, al tiempo que manifestó sus dudas sobre si los miembros del oficialismo, como suele ser su costumbre, hubieran ejercido presión entre los magistrados, especialmente porque hoy es el apoteósico cierre de precampaña, en el Monumento a la Revolución, de la señora Sheinbaum de Tarriba y Morena y rémoras no quieren que haya la menor señal que pudiera ensombrecer tan magno evento.
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El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó a la Comisión Permanente un exhorto para que comparezcan la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el comandante de la Guardia Nacional, los secretarios de Comunicaciones y de Salud, ante la ola de violencia que se vive en el país y la intromisión del crimen organizado en los servicios de internet y control en la distribución de medicamentos.
A través de un Punto de Acuerdo, el líder congresista argumentó que el Estado Mexicano debe garantizar la protección y seguridad de toda la población del país, ante lo cual el Congreso de la Unión no puede tampoco estar ajeno a los hechos violentos y la ola de inseguridad que se ha desatado en el territorio nacional.
Y subrayó que México se encuentra en una grave crisis de inseguridad, como lo evidencian los recientes hechos ocurridos en Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, donde en cinco incursiones el crimen ha secuestrado y posteriormente asesinado a jóvenes.
Sin dejar de lado lo que sucedió en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México; en Taxco y Buenavista, Guerrero; en Chiapas y el secuestro de tres periodistas. Además, de manera particular y alarmante, citó que en Michoacán los grupos delictivos se han adueñado del servicio de internet en Apatzingán y Múgica, y en otros municipios controlan la distribución y venta de medicinas y productos médicos
El priista aseveró que la seguridad de la población mexicana no debe soslayarse, por lo cual los funcionarios federales deben informar sobre la estrategia y medidas que el gobierno implementará para garantizar la integridad y protección de los mexicanos.
hombresdelpoder.mx